Bogotá, 3 de febrero de 2026 – La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes abrió de oficio una indagación penal contra el presidente Gustavo Petro por una presunta financiación irregular de su campaña presidencial de 2022, a partir de un audio en el que alias “Pipe Tuluá” asegura haber entregado dinero a través de Juan Fernando Petro, hermano del presidente.

La decisión se tomó el 3 de febrero mediante un auto suscrito por la representante Gloria Arizabaleta, presidenta de la Comisión. El proceso se abrió por el posible delito de financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas, tipificado en el artículo 396A del Código Penal, y se tramitará conforme a la Ley 600 de 2000 y al reglamento del Congreso.

El auto ordena la apertura formal del expediente y la práctica de pruebas iniciales. Entre ellas, solicitar al medio que difundió el audio la copia íntegra del material, y oficiar a la Fiscalía General de la Nación y a autoridades de Estados Unidos para verificar la existencia de evidencias adicionales. La actuación se encuentra en etapa de indagación preliminar y no supone, por ahora, formulación de cargos ni acusación formal.

El origen del proceso es un audio divulgado el 2 de febrero por la periodista y precandidata Vicky Dávila, atribuido a Andrés Felipe Marín Silva, jefe de la banda criminal La Inmaculada y extraditado ese mismo día a Estados Unidos. En la grabación, la voz que se identifica como la del capo afirma haber entregado “mucho dinero” a la campaña de Petro y sostiene, sin aportar pruebas públicas, que existirían videos, audios y consignaciones bancarias que lo demostrarían.

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Juan Fernando Petro negó las acusaciones, las calificó de montaje y anunció acciones penales por calumnia. El presidente Petro también rechazó los señalamientos, afirmó que no recibió apoyo de organizaciones criminales y pidió que se investigue para esclarecer los hechos.

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La Comisión de Acusación es el órgano constitucional encargado de investigar penalmente al jefe de Estado. Aunque su actuación ha sido históricamente cuestionada, la apertura de esta indagación traslada el caso del plano mediático a un escenario institucional, cuyo avance dependerá de la verificación independiente de las afirmaciones contenidas en el audio.