Bogotá, 3 feb de 2026 – La Procuraduría General de la Nación designó al viceprocurador Julián Fernández como agente especial para intervenir en el expediente que se tramita en el Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre la solicitud de revocatoria de la inscripción del senador Iván Cepeda en la consulta interpartidista “Frente por la Vida”. La decisión refuerza el control del Ministerio Público y, en la práctica, podría postergar nuevamente la votación definitiva.

La medida fue adoptada mediante un auto firmado el 2 de febrero de 2026 por el procurador Gregorio Eljach y se conoció públicamente este martes. Según el documento, la designación responde a la relevancia institucional y electoral del caso y busca asegurar la intervención directa de la Procuraduría en una actuación administrativa de alto impacto.

El auto ordena al agente especial notificar de inmediato su designación al CNE y presentar, en un plazo de cinco días, un informe detallado sobre el estado del proceso en el Sistema de Información Misional (SIM), además de rendir reportes periódicos al despacho del Procurador.

La notificación llegó al CNE en la mañana de este miércoles, horas antes de una Sala Plena convocada para intentar destrabar la votación con la participación de conjueces. No obstante, la entrada formal del agente especial abre la posibilidad de un nuevo aplazamiento si la corporación decide esperar su revisión de la ponencia y el concepto correspondiente.

El expediente analiza si Cepeda, aspirante presidencial del Pacto Histórico, puede participar en la consulta del 8 de marzo pese a haber resultado ganador en una consulta previa del mismo movimiento en 2025. Los demandantes sostienen que ello configuraría una inhabilidad por la repetición de mecanismos de consulta dentro de un mismo proceso electoral. La defensa argumenta que la consulta anterior fue un ejercicio interno, sin los efectos jurídicos de una consulta interpartidista regulada por la ley.

La ponencia mayoritaria propone negar la revocatoria y mantener a Cepeda en la consulta. Cuenta con cuatro votos, incluidos los de los magistrados Fabiola Márquez, Álvaro Echeverry y Alba Lucía Velásquez, pero requiere al menos seis para una decisión definitiva.

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El trámite ha estado marcado por aplazamientos, empates en Sala Plena y cambios de conjueces, entre ellos el ingreso del exmagistrado Alberto Rojas Ríos. Con los plazos electorales ajustados, la Registraduría debe cerrar en los próximos días la definición de consultas y del tarjetón, la intervención de la Procuraduría añade un nuevo elemento procesal a un caso que sigue sin resolución.