Bogotá, 3 de febrero de 2026 – Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro, negó haber recibido dinero de alias “Pipe Tuluá” o de cualquier otro narcotraficante para la campaña presidencial de 2022 y aseguró que las acusaciones en su contra hacen parte de un montaje con fines de chantaje y presión política.

Las declaraciones se conocieron tras la divulgación de un audio atribuido a Andrés Felipe Marín Silva, jefe de la banda criminal La Inmaculada y recientemente extraditado a Estados Unidos. En la grabación, el presunto capo afirma haber entregado “mucho dinero” a Juan Fernando Petro para la campaña Petro Presidente 2022 y sostiene que dispone de audios, videos y consignaciones como supuestas pruebas.

En entrevistas con los medios de comunicación, Juan Fernando Petro afirmó: “Nunca recibí dinero de ningún narcotraficante”, negó vínculos personales con “Pipe Tuluá” y aseguró que no existió ningún aporte de ese entorno a la campaña. También calificó como un montaje una imagen difundida en redes sociales en la que supuestamente aparece en una videollamada con el capo. Según relató, su familia recibió además un video anónimo en el que se observa a un hombre recibiendo fajos de dinero, que dijo, no corresponde a él.

El presidente Gustavo Petro respaldó públicamente esa versión y rechazó las afirmaciones del narcotraficante. Reiteró que su campaña no recibió financiación ilegal y sostuvo que su gobierno no tiene ningún pacto con organizaciones criminales. Como argumento, recordó que su administración ordenó y ejecutó la extradición de varios capos, incluido “Pipe Tuluá”.

El audio fue difundido por la precandidata presidencial Vicky Dávila, quien señaló que el material le fue enviado por el propio extraditado antes de salir del país. En la grabación también se mencionan supuestos pagos relacionados con gestiones ante entidades del Estado, lo que volvió a poner en discusión el llamado “Pacto de La Picota”.

Por ahora, la Fiscalía no ha confirmado la autenticidad del audio ni de las pruebas mencionadas. El caso permanece en etapa preliminar, con versiones contrapuestas y alta exposición política.