La divulgación de un audio atribuido a Andrés Felipe Marín Silva, alias “Pipe Tuluá”, jefe de la banda criminal La Inmaculada y recientemente extraditado a Estados Unidos, reactivó la controversia política en Colombia. La grabación fue difundida por la candidata presidencial Vicky Dávila y contiene señalamientos sobre una supuesta entrega de dinero a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, a través de su hermano Juan Fernando Petro.

La autenticidad del audio no ha sido verificada por las autoridades judiciales. En la grabación, la voz atribuida a Marín afirma haber entregado recursos económicos a la campaña y sostiene, sin presentar pruebas públicas, que existirían videos, audios y registros bancarios que respaldarían sus declaraciones. Dávila aseguró que el material le fue enviado por un tercero pocas horas antes de la extradición del presunto capo, realizada el 3 de febrero en un vuelo coordinado con la Drug Enforcement Administration.

El audio también menciona que el presidente Petro habría ordenado acelerar la extradición de Marín por presuntas compras de funcionarios públicos, aunque en la misma grabación la voz señala que esa decisión habría sido ejecutada por terceros. La difusión coincidió con la visita del mandatario a Washington y su reunión con Donald Trump, lo que amplificó el impacto político del caso.

Dávila sostuvo que hizo pública la grabación por considerar que existen indicios que ameritan escrutinio sobre una posible financiación irregular de campañas. Tras la divulgación, congresistas de oposición como Paloma Valencia y Katherine Miranda solicitaron a la Fiscalía General de la Nación y al Consejo Nacional Electoral abrir investigaciones.

Por el momento, no existe confirmación oficial sobre la veracidad del audio ni decisiones judiciales que vinculen a la campaña Petro 2022 con financiación del narcotráfico en este episodio. Las autoridades deberán establecer el origen de la grabación, su contexto y la existencia de pruebas que respalden las afirmaciones.