El proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez entró en la etapa de casación ante la Corte Suprema de Justicia, luego de que las víctimas y la Fiscalía interpusieran el recurso contra el fallo del Tribunal Superior de Bogotá que lo absolvió.

Con esta actuación se abre un nuevo capítulo en uno de los procesos más sensibles de la política y la justicia colombiana. La casación no constituye una nueva apelación ni una tercera instancia, sino un mecanismo extraordinario y reglado que busca establecer si en la sentencia se cometieron errores de derecho, ya sea en la interpretación de las normas o en la valoración de las pruebas.

De acuerdo con lo explicado por expertos jurídicos citados por la prensa, la Corte Suprema no reabre el debate probatorio de fondo, sino que examina si el tribunal incurrió en fallas jurídicas que puedan afectar la validez del fallo absolutorio. En ese sentido, las solicitudes presentadas buscan demostrar supuestos yerros en la aplicación de la ley y en el análisis probatorio realizado por los magistrados de segunda instancia.

Mediante una constancia de la Secretaría de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, se dejó establecido que el expediente quedó a disposición de las partes que interpusieron el recurso, para que puedan preparar sus argumentos escritos. El trámite contempla un plazo de hasta 30 días para que los abogados de la Fiscalía y de las víctimas revisen el proceso y formulen de manera formal los cargos de casación.

Una vez cumplido ese término, el expediente será remitido a la Corte Suprema de Justicia, que deberá decidir si admite el recurso y, posteriormente, si encuentra méritos para casar total o parcialmente la sentencia absolutoria. En caso de prosperar, la Corte podría anular el fallo y adoptar las decisiones que correspondan conforme a derecho.

Mientras tanto, la absolución proferida por el Tribunal Superior de Bogotá se mantiene vigente, aunque queda sujeta al control extraordinario de la Corte. La definición en casación marcará un punto clave en el cierre judicial del caso, con implicaciones políticas y jurídicas de alto impacto.