Carlos Ramón González, exdirector del Dapre y uno de los exfuncionarios de más alto rango del gobierno Petro involucrados en el escándalo de la Ungrd, reapareció este jueves en la audiencia de acusación que se adelanta en su contra ante la Corte Suprema de Justicia.

La diligencia se realiza ante el despacho de la magistrada Blanca Nélida Barreto Ardila, de la Sala Especial de Primera Instancia, donde la Fiscalía formaliza la acusación contra González por su presunta responsabilidad en los delitos de cohecho, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos.

Aunque González permanece prófugo en Nicaragua, se conectó de manera virtual para participar en la audiencia, acompañado por su abogado defensor, Iván Cancino. El exjefe del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República es señalado por la Fiscalía como una de las piezas clave en el entramado de corrupción que sacudió a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

De acuerdo con el ente acusador, González habría coordinado el pago de sobornos y la asignación irregular de contratos para destrabar proyectos del Gobierno en el Congreso, involucrando a congresistas como Iván Name y Andrés Calle, expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes, quienes ya fueron capturados por este mismo proceso.

La fiscal novena delegada ante la Corte Suprema, María Cristina Patiño, presentó un documento de más de 60 páginas en el que detalla el supuesto modus operandi del esquema de corrupción. Según la investigación, desde el entorno de la Casa de Nariño se habrían ordenado pagos ilegales por montos superiores a los 60.000 millones de pesos, que luego fueron ajustados dentro de la operación criminal.

La Fiscalía sostiene que González, uno de los hombres más cercanos al presidente Gustavo Petro durante su paso por el Dapre, habría utilizado su posición estratégica para facilitar el flujo de recursos ilegales y coordinar favores políticos a cambio de apoyos en el Legislativo.

Durante el inicio de la audiencia, entidades como la Ungrd, la Contraloría General de la República y representantes de comunidades indígenas wayúu solicitaron ser reconocidas como víctimas dentro del proceso. No obstante, la defensa de González cuestionó la acreditación de estas partes, al considerar que no se han presentado pruebas suficientes para respaldar dicha condición.

El proceso contra González se consolida como uno de los capítulos más sensibles del escándalo de corrupción que ha golpeado al Gobierno, al involucrar directamente a un exfuncionario de máxima cercanía con el presidente y a figuras clave del Congreso de la República.