La Contraloría General de la República avaló el contrato para la adquisición de 17 aviones de combate Gripen, firmado con la empresa sueca Saab, tras concluir que el proceso se ajustó a las normas legales y respondió a las necesidades estratégicas de defensa del país.
El organismo de control otorgó el visto bueno luego de una revisión integral del contrato, realizada bajo estrictos protocolos de seguridad nacional y confidencialidad. Según la Contraloría, el análisis incluyó documentación clasificada como secreta y ultrasecreta, debido a la naturaleza del acuerdo y su impacto en la capacidad militar de Colombia.
La compra de los aviones Gripen busca renovar la flota aérea de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) y reemplazar los actuales Kfir, cuya vida útil se encuentra en su fase final. Aunque la decisión generó cuestionamientos políticos, especialmente por no optar por los cazas F-16 de fabricación estadounidense, el ente de control señaló que no encontró irregularidades en ninguna de las etapas del proceso.
De acuerdo con la Contraloría, el contrato está valorado en 3.135 millones de euros, con un precio fijo y cronogramas de entrega acelerados, factores considerados clave para preservar las capacidades estratégicas del país. Además, el acuerdo contempla una supervisión periódica hasta el primer semestre de 2026, debido a su elevada cuantía.
El proceso de selección se realizó mediante contratación directa, un mecanismo legal permitido en el sector Defensa. Durante la evaluación se analizaron propuestas de fabricantes de Estados Unidos, Francia, España y Suecia, pero solo Saab y Dassault entregaron información técnica y financiera suficiente para una comparación detallada. En ese escenario, la propuesta sueca obtuvo el mejor puntaje.
Según el análisis técnico de la FAC, basado en nueve variables y 157 subvariables, el Gripen sobresalió por su menor costo por hora de vuelo, facilidad de operación en pistas cortas y carreteras, y menores costos de mantenimiento gracias a su configuración monomotor.
El contrato incluye entrenamiento técnico y operativo, soporte logístico y armamento estratégico. También contempla un esquema de compensaciones (offset) sin aumento en el valor del acuerdo: el 85% tendrá un componente social y el 15% estará destinado a fortalecer la industria aeronáutica nacional y las capacidades de la FAC.
En materia financiera, se estableció un anticipo del 40% entre 2026 y 2031, mientras que el 60% restante se pagará contra entrega de las aeronaves entre 2028 y 2032, con garantías y cláusulas penales ajustadas a la legislación colombiana.











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