En la noche del lunes 26 de enero, al menos 30 funcionarios del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) fueron declarados insubsistentes, en un movimiento interno que se produce a pocos días de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías y que ya genera fuertes cuestionamientos políticos y jurídicos.

Según denuncias de exfuncionarios y versiones conocidas por distintos medios, las desvinculaciones se habrían realizado por orden de la nueva directora del Dapre, Nohra Mondragón, quien asumió el cargo hace apenas unos días tras la salida de Angie Rodríguez. Las notificaciones comenzaron hacia las 5:00 p. m. y se hicieron de manera individual a funcionarios de libre nombramiento y remoción, tanto del Dapre como de la Secretaría General de la Presidencia.

Entre los afectados hay madres cabeza de familia, personas sindicalizadas, funcionarios con décadas de trayectoria en la Casa de Nariño y otros que se encontraban en retén pensional o con condiciones médicas especiales, lo que ha despertado alertas sobre posibles vulneraciones a la estabilidad laboral reforzada.

Funcionarios históricos, entre los despedidos

Uno de los casos más sensibles es el de Luz Dary Cruz, jefa de Recursos Humanos durante más de 25 años y próxima a pensionarse, quien era responsable de la gestión de hojas de vida y procesos internos del Dapre. También figura la salida de Yury Carolina Calderón, jefa de prensa de la entidad, además de otros funcionarios vinculados tanto a la administración saliente como a equipos anteriores de Presidencia.

Aunque oficialmente no se han explicado los motivos de fondo de cada decisión, versiones internas señalan que el remezón buscaría abrir cupos antes del cierre de la nómina estatal.

Ley de Garantías y movimientos contrarreloj

La Ley de Garantías entra plenamente en vigencia este 31 de enero y restringe la contratación y los movimientos de personal en entidades públicas durante el periodo preelectoral. En ese contexto, ha llamado la atención que en las últimas semanas la Presidencia haya vinculado al menos a 20 nuevos funcionarios con salarios superiores a los 16 millones de pesos, según reveló Blu Radio.

Hace apenas dos semanas, el propio presidente Gustavo Petro había pedido “prudencia y responsabilidad” en el manejo de la nómina, advirtiendo que desde el 31 de enero quedaría congelada.

El episodio se suma a otros movimientos internos en el Gobierno, como los reportados en la Cancillería, donde se habla de la salida de más de 100 funcionarios. Todo ocurre en medio de la antesala electoral de 2026, cuando el Pacto Histórico busca mantener su fuerza en el Congreso y definir su sucesión presidencial.

Por ahora, crece la presión para que el Dapre y la Casa de Nariño expliquen el alcance real de los despidos y si estos se ajustan a la ley, en un momento especialmente sensible para la institucionalidad del Estado.