La representante a la Cámara Jennifer Pedraza denunció la existencia de al menos 779 presuntas irregularidades académicas en títulos expedidos por la Fundación Universitaria San José a funcionarios públicos, y cuestionó la falta de acciones contundentes del Ministerio de Educación frente a lo que calificó como una práctica sistemática.

La congresista explicó que la investigación se centró en la trayectoria académica de 1.276 funcionarios y contratistas del Estado que reportaron títulos de esa institución en sus hojas de vida. Tras el cruce de información con bases oficiales como el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES), el Icfes y Función Pública, su equipo detectó que en 779 casos no es posible verificar de manera completa o coherente la obtención legal de los grados académicos.

Según Pedraza, uno de los hallazgos más graves es que 221 funcionarios públicos aparecen con diplomas reportados ante Función Pública, pero no figuran en el SNIES con registros de inscripción, admisión, matrícula o grado, lo que impide confirmar que hayan cursado estudios en la institución. A esto se suman otros 558 casos en los que la información académica está incompleta. 201 personas solo aparecen como inscritas o admitidas, sin evidencia de avance académico, y 357 figuran como matriculadas, pero no como graduadas, pese a reportar títulos oficiales.

La representante también reveló la existencia de 35 casos que replican el patrón del escándalo de Juliana Guerrero, en los que se habrían otorgado títulos sin cumplir el requisito legal de presentar las pruebas Saber Pro o Saber TyT. De estos, 18 graduados no presentaron los exámenes, nueve se inscribieron pero no asistieron y aun así recibieron el diploma, y ocho realizaron las pruebas después de haberse graduado.

Pedraza subrayó que durante la actual administración se ha registrado un aumento significativo de funcionarios públicos egresados de la Fundación San José. Según sus datos, 733 servidores fueron contratados con títulos de esa institución, lo que representa un incremento superior al 200 % frente a periodos anteriores.

Para la congresista, estos hechos no pueden explicarse como casos aislados y evidencian fallas graves en los mecanismos de inspección y vigilancia. Por ello, solicitó a la Procuraduría abrir una investigación disciplinaria contra el ministro de Educación, Daniel Rojas, y contra los funcionarios responsables del control del sector, al considerar que podría existir una omisión en el cumplimiento de sus deberes legales.

Finalmente, advirtió que los casos detectados corresponden únicamente al sector público y que la magnitud real del problema podría ser mayor si se extiende la revisión a contratistas privados y otras ramas del Estado.