El magistrado Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional, se declaró impedido para participar en la discusión y votación del decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro. La decisión fue puesta a consideración de la Sala Plena, que deberá determinar si acepta o no la solicitud.

Ibáñez fundamentó su impedimento en declaraciones públicas que realizó a distintos medios de comunicación en las que explicó, de manera general, el alcance del control constitucional sobre los decretos de emergencia. En particular, mencionó una entrevista concedida a la periodista María Isabel Rueda, en la que abordó aspectos relacionados con las competencias de la Corte frente a este tipo de medidas excepcionales.

Según el magistrado, dichas intervenciones podrían interpretarse, en términos jurídicos, como un pronunciamiento previo sobre la constitucionalidad del decreto, lo que configuraría una posible causal de impedimento por haber “conceptuado sobre la disposición acusada”.

“Presento esta manifestación de impedimento y respetuosamente solicito a la Sala Plena que examine los hechos relevantes y determine si se configura o no la causal”, señaló Ibáñez en su escrito dirigido a sus colegas.

La decisión del magistrado se da en medio de una recusación presentada por la Presidencia de la República, que pidió apartarlo del estudio de las demandas contra el decreto de emergencia económica. De acuerdo con información conocida por medios de comunicación, la recusación se sustentó en la presunta existencia de un prejuzgamiento por parte del presidente de la Corte.

No obstante, Ibáñez aclaró que, en sus declaraciones, no emitió una opinión de fondo ni anticipó el sentido de una eventual decisión judicial. Aseguró que sus intervenciones tuvieron un carácter estrictamente académico e informativo, orientadas a explicar los escenarios jurídicos posibles dentro del marco constitucional.

Finalmente, el magistrado solicitó que la Sala Plena resuelva con prontitud su impedimento, dada la relevancia institucional y política del estudio de la emergencia económica. La determinación ahora queda en manos de los otros ocho magistrados de la Corte Constitucional, quienes deberán definir si Ibáñez continúa o no participando en el proceso.