La secretaria de Bienestar Social de Cali, Johana Caicedo Sinisterra, respondió este martes a las denuncias que circulan en redes sociales sobre presuntas irregularidades en la ejecución de un contrato suscrito con la ESE Hospital San Miguel para la atención de adultos mayores en situación de vulnerabilidad.

Las acusaciones, difundidas principalmente por páginas como Cali es Cali y La Voz del Pueblo, señalan que en el marco de un contrato que supera los $12.000 millones se habrían efectuado pagos por más de $1.400 millones sin soportes completos, como actas de prestación del servicio, registros fotográficos o listados verificables de beneficiarios. En los contenidos publicados también se mencionan supuestos casos de personas fallecidas que habrían seguido siendo reportadas como atendidas, así como beneficiarios que no figuran en el sistema Sisbén.

Ante estas versiones, la funcionaria negó que existan irregularidades y defendió la ejecución del contrato. “Cada peso ejecutado en este programa está soportado y auditado. Las personas mayores que fallecen son retiradas del sistema inmediatamente, una vez se registra la historia clínica y el acta de defunción. A partir de ese momento, no se factura ni un día más de atención”, explicó en declaraciones a medios locales.

Caicedo sostuvo que los pagos cuestionados corresponden a servicios efectivamente prestados hasta el día del fallecimiento de los beneficiarios, lo cual —según indicó— se ajusta a los estándares legales de la contratación pública. Sobre los casos de personas institucionalizadas que no cuentan con Sisbén, precisó que se trata de adultos mayores bajo protección estatal desde hace más de una década, en condiciones de abandono extremo.

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De acuerdo con la secretaria, la atención a estas personas está respaldada por la jurisprudencia constitucional, incluso cuando no existe puntaje en el Sisbén o documentación completa. “No vamos a dejar de atender a una persona en situación de abandono solo porque no tiene Sisbén. Sería inhumano e inconstitucional”, afirmó.

La administración municipal informó que toda la documentación del contrato ya fue entregada a la Contraloría General de la República para los procesos de verificación correspondientes. “Hemos actuado con responsabilidad, bajo protocolos establecidos y con supervisión constante del contrato. Por eso podemos responder con tranquilidad ante cualquier auditoría”, señaló la funcionaria.

Pese a la controversia, Caicedo aseguró que mantiene tranquilidad frente a las investigaciones. “Duermo tranquila porque hemos hecho las cosas bien, de manera seria. Y esto no es ningún escándalo de corrupción como lo quieren mostrar. Es un contrato que está siendo auditado, como corresponde, y cuyas decisiones se han tomado pensando en la dignidad de los adultos mayores que no tienen a nadie más que al Estado para cuidarlos”, concluyó.

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La revisión de los entes de control determinará si existe alguna responsabilidad contractual o disciplinaria. Mientras tanto, el caso abre un debate más amplio sobre la gestión de la política social en contextos de alta vulnerabilidad, y sobre las condiciones en las que se ejerce la función pública en escenarios de alta polarización.