El presidente Gustavo Petro es el mandatario que más tiempo ha destinado a alocuciones presidenciales en las últimas dos décadas, según cifras oficiales del Dapre reveladas por el representante Andrés Forero, quien comparó la duración de estas intervenciones con las de los tres gobiernos anteriores.

De acuerdo con la respuesta enviada por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República al congresista del Centro Democrático, Petro ha realizado 61 alocuciones entre agosto de 2022 y octubre de 2025. En total, estas intervenciones suman 48 horas y 33 minutos, en un periodo de tres años y tres meses de gobierno.

Las cifras contrastan con las de los expresidentes Iván Duque, Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe, cuyas alocuciones, acumuladas en un lapso de 18 años, alcanzan 29 horas y 2 minutos. Durante su mandato entre 2018 y 2022, Duque realizó 17 alocuciones que sumaron 2 horas y 45 minutos. Santos, por su parte, hizo 91 alocuciones entre 2010 y 2018, con una duración total de 16 horas y 21 minutos. En el caso de Uribe, se registraron 20 alocuciones entre 2007 y 2010, que alcanzaron 9 horas y 55 minutos.

Forero divulgó los datos a través de sus redes sociales y cuestionó el uso reiterado de este mecanismo por parte del actual mandatario. Las alocuciones presidenciales están concebidas como un recurso excepcional para comunicar asuntos de especial relevancia nacional y se transmiten de manera obligatoria por los canales públicos y privados.

El uso frecuente de este espacio ha generado debates jurídicos y políticos. El Consejo de Estado impuso límites a las alocuciones presidenciales y estableció que deben cumplir criterios de urgencia y necesidad, además de quedar bajo supervisión de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC). En ese contexto, el alto tribunal solicitó recientemente a la CRC un informe sobre el cumplimiento de esa decisión y la eventual existencia de un desacato.

Desde el Gobierno, el presidente Petro ha señalado en distintas ocasiones que las restricciones a sus alocuciones afectan su derecho a comunicarse directamente con la ciudadanía. Mientras tanto, el seguimiento institucional a este mecanismo continúa abierto.