El Gobierno Petro anunció que suspendió el intercambio de electricidad con Ecuador y anunció aranceles del 30 % a productos de ese país, en medio del choque bilateral desatado por la decisión del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, de gravar importaciones colombianas bajo el argumento de seguridad.

El Ministerio de Minas y Energía formalizó la suspensión de las Transacciones Internacionales de Electricidad (TIE) mediante una resolución que invoca la soberanía energética y la necesidad de priorizar el abastecimiento interno. La medida se da pese a la interconexión eléctrica entre ambos países, con capacidad de 400 kilovatios, que ha permitido intercambios constantes en los últimos años.

Durante la crisis energética que atravesó Ecuador entre 2023 y 2024, agravada por una prolongada sequía, Colombia incrementó sus exportaciones de energía para ayudar a mitigar apagones diarios en el país vecino. No obstante, el Gobierno colombiano aseguró que la actual decisión responde a criterios preventivos y de seguridad nacional.

“El deber del Estado es garantizar, ante todo, que los hogares, la industria y los servicios esenciales de Colombia cuenten con energía segura y confiable”, señaló el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, al defender la suspensión del suministro.

El arancel de Noboa y la reacción de Petro

La tensión se intensificó tras el anuncio del presidente Daniel Noboa de imponer un “arancel de seguridad” del 30 % a productos colombianos, medida que, según el Gobierno ecuatoriano, está ligada a su política de combate al narcotráfico y a la violencia asociada a economías ilegales en la región fronteriza.

En respuesta, el Ministerio de Comercio de Colombia anunció la aplicación de un arancel del 30 % a 20 productos provenientes de Ecuador. La ministra Diana Morales explicó que la decisión no constituye una sanción ni una acción de confrontación, sino un mecanismo para restablecer el equilibrio en las condiciones de intercambio comercial.

Según la cartera, las exportaciones ecuatorianas hacia Colombia en los productos afectados ascienden a cerca de 250 millones de dólares. El Gobierno colombiano afirmó que la medida es proporcional, transitoria y revisable, y que se mantendrán abiertos los canales diplomáticos para buscar una salida negociada.

Las decisiones adoptadas por ambos países marcan uno de los momentos de mayor tensión reciente en la relación bilateral, mientras el intercambio energético y comercial queda sujeto a definiciones políticas aún en curso.