El Consejo de Estado condenó a Bernardo Moreno Villegas, exsecretario general de la Presidencia durante el gobierno de Álvaro Uribe, a pagar más de 354 millones de pesos por su responsabilidad en las interceptaciones ilegales conocidas como las “chuzadas” del extinto DAS contra un magistrado de la Corte Suprema.

La decisión fue adoptada por la Sección Tercera del alto tribunal, que declaró la responsabilidad patrimonial personal de Moreno dentro de una acción de repetición promovida por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). Con esta demanda, el Estado buscó recuperar los recursos que tuvo que pagar como indemnización por los daños causados por dichas actuaciones ilegales.

Según el fallo, Moreno deberá reintegrar a la Nación exactamente $354.074.968, suma que corresponde a la indemnización ordenada previamente por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca a favor de Sigifredo Espinosa Pérez, exmagistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

El Consejo de Estado concluyó que Moreno tuvo un papel determinante en la orden de las interceptaciones, que se ejecutaron a través del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) entre los años 2007 y 2008. Las actividades incluyeron seguimientos, interceptaciones de comunicaciones, actos de hostigamiento y estrategias de desprestigio dirigidas no solo contra el magistrado Espinosa, sino también contra miembros de su entorno familiar.

De acuerdo con la sentencia, estas acciones buscaban obtener información reservada sobre el funcionamiento interno de la Sala Penal de la Corte Suprema, incluyendo el contenido de sesiones privadas de los magistrados. Para el alto tribunal, las pruebas recaudadas demostraron que Moreno impartió las órdenes correspondientes mediante la entonces directora del DAS, María del Pilar Hurtado, quien ya fue condenada penalmente por estos hechos.

El proceso de repetición se originó en 2019, cuando el Dapre acudió a la justicia administrativa tras verse obligado a asumir el pago de la indemnización por la conducta de sus funcionarios. La ponencia estuvo a cargo del consejero Fredy Ibarra, quien señaló que el actuar de Moreno fue doloso y contrario a la Constitución.

El fallo reafirma la responsabilidad individual de altos exfuncionarios en uno de los escándalos más graves de interceptaciones ilegales en el país, cuyas consecuencias judiciales siguen produciendo decisiones años después de los hechos.