El Senado de la República convocó a una sesión extraordinaria para debatir el decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno de Gustavo Petro, en medio de crecientes cuestionamientos políticos, jurídicos y fiscales sobre el alcance de las medidas adoptadas por el Ejecutivo.

La plenaria fue citada para el martes 27 de enero a las 10:00 de la mañana, en modalidad mixta, y contará con la asistencia obligatoria de todos los ministros que firmaron el decreto. La convocatoria fue realizada por el presidente del Senado, Lidio García, a solicitud del senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, quien impulsa el debate de control político.

Motoa sostuvo que es indispensable que el país conozca las razones que llevaron al Gobierno a declarar la emergencia económica y a adoptar impuestos y medidas extraordinarias sin pasar por el Congreso. A su juicio, se trata de decisiones “inéditas” que podrían poner en riesgo la estabilidad económica y no resolver de fondo los problemas fiscales de la Nación.

El debate había sido aprobado desde el pasado 26 de diciembre, pero no se había concretado debido a que los ministros no habían respondido un cuestionario de 22 preguntas remitido por el Congreso. Según el senador Motoa, la ley establece que este control político debía realizarse antes del 31 de enero de 2026, plazo que obligó a convocar la sesión extraordinaria.

La citación ocurre en un contexto de fuerte controversia. Los 32 gobernadores del país han advertido que la aplicación de los impuestos incluidos en el decreto afectaría de manera grave las finanzas departamentales, especialmente en sectores como salud, educación y deporte. Incluso, varios mandatarios regionales han manifestado la posibilidad de no aplicar algunos tributos, como los relacionados con licores y cigarrillos.

El pasado 15 de enero, un grupo de gobernadores anunció acciones jurídicas contra el Decreto 1474 de 2025, argumentando que vulnera la autonomía territorial y compromete la estabilidad financiera de los departamentos. Aunque se realizó una reunión entre el Gobierno nacional y los mandatarios regionales, no se lograron acuerdos.

Desde el Ejecutivo, en contraste, se ha insistido en que las medidas están amparadas por la ley y responden a la necesidad de evitar un colapso fiscal ante el creciente gasto estatal. En paralelo, el país permanece atento a un eventual pronunciamiento de la Corte Constitucional, que también evalúa la legalidad del decreto de emergencia económica.