El presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez Najar, solicitó suspender de manera provisional el decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno de Gustavo Petro, mientras el alto tribunal adelanta su estudio de constitucionalidad tras el hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso.

La solicitud fue radicada en la mañana del miércoles 21 de enero y busca congelar los efectos del decreto 1390 de 2025, que otorgó facultades extraordinarias al Ejecutivo para adoptar medidas fiscales sin trámite legislativo ordinario. Con esta petición, la decisión queda ahora en manos de la Sala Plena de la Corte Constitucional.

El proceso de revisión de fondo aún se encuentra en una etapa preliminar y, según fuentes judiciales, podría tardar al menos un par de semanas. Sin embargo, la figura de la suspensión provisional se ha convertido en el principal recurso para frenar de manera inmediata la aplicación del decreto, mecanismo que ha sido solicitado en varias demandas presentadas por sectores de la oposición y gremios empresariales.

La ponencia del expediente está en manos del magistrado Carlos Camargo Assis, quien ya ha recibido conceptos de expertos sobre la legalidad y el alcance de la emergencia económica. Solo resta el pronunciamiento de la Procuraduría General de la Nación para completar el conjunto de opiniones previas a cualquier decisión de fondo.

La iniciativa de Ibáñez ha generado debate interno en el alto tribunal, pues tradicionalmente es el magistrado ponente quien lidera las decisiones procesales del caso. Aun así, cualquier magistrado está facultado para proponer medidas provisionales, lo que abre un escenario inédito en la Corte.

Para que la suspensión prospere, se requieren al menos cinco votos favorables de los nueve magistrados. El debate jurídico se centra en determinar si la situación fiscal alegada por el Gobierno constituye una circunstancia extraordinaria que justifique la declaratoria de emergencia o si responde a problemas estructurales que debieron resolverse por vías ordinarias.

La Corte también evalúa si la negativa del Congreso a aprobar reformas puede ser argumento suficiente para acudir a poderes excepcionales, sin vulnerar la separación de poderes. Mientras tanto, la incertidumbre institucional crece, a la espera de una decisión que podría marcar un precedente en el control constitucional de los estados de excepción.