El abogado Julián Quintana presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra el exgobernador del Magdalena y candidato presidencial Carlos Caicedo, por presuntos hechos de acoso y abuso sexual que habrían ocurrido durante su administración departamental.
La denuncia fue anunciada públicamente luego de que se conocieran investigaciones periodísticas que recogen relatos de varias mujeres vinculadas laboralmente o políticamente al movimiento Fuerza Ciudadana. En un mensaje divulgado en redes sociales, la denunciante afirmó que el uso del poder para someter mujeres constituye “una forma de violencia miserable” y pidió que no haya impunidad.
Los hechos denunciados
De acuerdo con la información revelada por el medio La FM, al menos cuatro mujeres entregaron testimonios en los que describen una presunta dinámica sistemática de acoso sexual dentro del entorno político de Fuerza Ciudadana. En algunos de esos relatos se menciona directamente a Carlos Caicedo, quien habría hecho propuestas de carácter sexual supuestamente vinculadas a ascensos laborales o a la permanencia en cargos dentro de la Gobernación del Magdalena.
Uno de los testimonios señala que, durante eventos oficiales, el entonces gobernador habría solicitado a una colaboradora que subiera a la habitación del hotel donde se hospedaba, insinuando que acceder a esa petición facilitaría su progreso profesional. La mujer aseguró que rechazó la propuesta y que su carrera laboral se estancó posteriormente.
Además de los señalamientos directos contra Caicedo, La FM informó sobre denuncias contra otros integrantes cercanos a su movimiento político. Uno de los casos corresponde a una denuncia penal contra Fabián Bolaños, dirigente de Fuerza Ciudadana, por presunto abuso sexual ocurrido durante un viaje político a Bogotá. Ese proceso se encuentra en investigación por parte de la Fiscalía.
El medio también aseguró tener en su poder chats, documentos y denuncias penales que coincidirían en describir patrones de conductas abusivas ejercidas desde posiciones de poder dentro de la administración departamental y del movimiento político.
Con la denuncia ya radicada, será la Fiscalía General de la Nación la encargada de evaluar el material probatorio, escuchar a las partes involucradas y determinar si hay mérito para avanzar en una investigación formal. Mientras tanto, el caso ha generado un fuerte debate político y reavivó la discusión sobre el uso del poder y la protección de las víctimas de violencia sexual en escenarios institucionales.
