La representante a la Cámara por la Alianza Verde, Catherine Juvinao, denunció la existencia de un presunto “cartel de diplomas irregulares” que habría operado durante el Gobierno de Gustavo Petro y que involucraría a la Fundación Universitaria San José y a funcionarios de varias entidades estatales.

Según Juvinao, el caso de Juliana Guerrero, cuyo título fue anulado y por el cual no pudo posesionarse como viceministra de las Juventudes, no sería un hecho aislado, sino el primer indicio de una práctica más amplia y sistemática de irregularidades académicas vinculadas con el acceso a cargos públicos.

La congresista aseguró que ha identificado al menos 24 situaciones similares en las que personas con títulos expedidos por la Fundación San José lograron vincularse como funcionarios o contratistas en entidades como el Sena, la Unidad Nacional de Protección (UNP), el Invima, la DIAN, el DANE, el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), el Ministerio de Salud, varias superintendencias y la Aeronáutica Civil, entre otras. A diferencia de Guerrero, en estos casos sí se concretaron las contrataciones.

Juvinao detalló que, de esos 24 casos, al menos seis corresponden a personas que nunca presentaron la prueba Saber Pro, requisito obligatorio para obtener un título profesional en Colombia. “Tenemos seis casos plenamente identificados y corroborados de personas que jamás tomaron la prueba Saber Pro y aun así recibieron su diploma de la Fundación San José. Esta irregularidad es idéntica a la de Juliana Guerrero”, afirmó.

En los 18 casos restantes, según la congresista, las personas sí presentaron la prueba Saber Pro, pero lo hicieron después de haber recibido su título, lo cual también constituye una violación a la normativa vigente. “La ley es clara: Saber Pro es un requisito previo a la graduación. Presentarla después no corrige la irregularidad”, enfatizó.

Uno de los casos más llamativos expuestos por Juvinao es el de un funcionario que, de acuerdo con su investigación, habría obtenido cuatro títulos profesionales el mismo día en áreas distintas, entre ellas Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Contaduría Pública y Marketing Internacional. La congresista calificó este hecho como “altamente sospechoso” e “incompatible con cualquier estándar académico razonable”.

La representante anunció que remitirá la documentación recopilada a cada una de las entidades involucradas para que se adopten medidas administrativas. Además, indicó que radicará las pruebas ante la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría para que se inicien investigaciones penales y disciplinarias.

También pidió al Ministerio de Educación que adelante una auditoría integral a la Fundación Universitaria San José para verificar la legalidad de los títulos expedidos y los controles académicos aplicados.

Hasta el momento, el Gobierno Nacional no ha emitido una posición oficial sobre las denuncias. Mientras tanto, el caso ha abierto un debate sobre los filtros en la contratación pública y los mecanismos de verificación de títulos profesionales en el Estado.