El Gobierno nacional eliminó la prima especial de servicios de los congresistas, un beneficio que superaba los $16,9 millones mensuales. La medida comenzará a regir desde el 20 de julio de 2026, cuando se posesione el próximo Congreso, según un decreto expedido por el Ejecutivo.

La decisión quedó consignada en el Decreto 0030 del 19 de enero de 2026, mediante el cual se deroga el Decreto 2170 de 2013, norma que había creado la prima especial de servicios como parte de la remuneración de senadores y representantes a la Cámara. El documento fue expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública y firmado por el presidente de la República junto con el ministro de Hacienda.

La prima eliminada había sido establecida durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos como sustitución de otras primas —localización, vivienda y salud— que fueron suprimidas por la Corte Constitucional. Su valor inicial era de $7.898.445 y se reajustaba cada año en el mismo porcentaje del aumento salarial de los congresistas, lo que llevó a que en 2026 superara los $16,9 millones mensuales.

Con la entrada en vigencia del nuevo decreto, la remuneración de los congresistas quedará compuesta únicamente por el salario básico y los gastos de representación. En términos prácticos, el ingreso mensual de los legisladores, que actualmente supera los $52 millones, podría ubicarse alrededor de los $35,7 millones para quienes se posesionen a partir del próximo periodo legislativo.

En los considerandos del decreto, el Gobierno argumenta que la remuneración de los congresistas resulta desproporcionada frente al ingreso promedio de la población y a la realidad económica del país. Además, señala que la eliminación de la prima se enmarca en los principios de sostenibilidad fiscal, racionalidad del gasto público, transparencia y equidad salarial.

El documento también cita el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, al indicar que este tipo de beneficios dificulta el cierre de brechas sociales y la reorientación del gasto público. Asimismo, recoge un concepto del Ministerio de Salud, según el cual la labor de los congresistas no puede considerarse de alto riesgo, por lo que no justificaría beneficios salariales especiales.

La medida no afectará a los congresistas actualmente en ejercicio, pero sí tendrá impacto directo en los ingresos de los legisladores que resulten elegidos en las elecciones de marzo de 2026.