La Fiscalía General de la Nación citará a audiencia de imputación a Augusto Rodríguez Ballesteros, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), por presuntas omisiones en el esquema de seguridad del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, fallecido tras un atentado en 2025.

El ente acusador programó la diligencia para el 11 de febrero, en la que formulará cargos por prevaricato por omisión y tentativa de homicidio, según informó Caracol Radio. La decisión se produce tras un año de investigaciones sobre las fallas en las medidas de protección otorgadas al entonces senador del Centro Democrático, atacado el 7 de junio de 2025 en el parque El Golfito, en Bogotá, durante un acto político.

De acuerdo con la Fiscalía, un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Bogotá radicó la solicitud de imputación al considerar que Rodríguez no habría atendido de manera adecuada las advertencias de riesgo ni las solicitudes de refuerzo del esquema de seguridad del precandidato. La hipótesis preliminar apunta a que dichas omisiones pudieron ser determinantes en el desenlace del atentado.

Tras el ataque, el propio Rodríguez reconoció públicamente que el esquema de Uribe Turbay era insuficiente. El precandidato contaba inicialmente con un escolta y dos camionetas blindadas, protección que luego fue ampliada a dos escoltas, una medida que, según el funcionario, no alcanzaba para el nivel de riesgo que enfrentaba.

El abogado de la familia, Víctor Mosquera, ha sostenido que hubo responsabilidad estatal. Recordó que un juez concluyó previamente que al precandidato no se le brindó la protección adecuada y que la UNP habría sido “mezquina” en la adopción de medidas de seguridad, pese a múltiples solicitudes.

Miguel Uribe Turbay fue herido de gravedad por un menor de 15 años con un arma de fuego y permaneció hospitalizado en la Fundación Santa Fe hasta su fallecimiento el 11 de agosto de 2025. Aunque las investigaciones sobre los autores materiales apuntaron inicialmente a disidencias de la ‘Segunda Marquetalia’, la Fiscalía ahora centra su atención en las posibles responsabilidades administrativas dentro de la UNP.

Mientras avanza el proceso, el caso reabre el debate sobre la eficacia de los esquemas de protección estatal y las responsabilidades de las entidades encargadas de garantizar la seguridad de candidatos y líderes políticos en un escenario electoral cada vez más sensible.