La senadora María Fernanda Cabal radicó una queja disciplinaria contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, tras unas declaraciones sobre el presidente Gustavo Petro y una eventual reelección, lo que desató reacciones del propio funcionario.

La actuación ante la Procuraduría General de la Nación se originó en mensajes publicados por Benedetti en la red social X, donde aseguró que, de existir la reelección presidencial, Gustavo Petro derrotaría a cualquier candidato. Para Cabal, esas afirmaciones constituyen una forma de participación indebida en política desde un cargo público.

En la carta dirigida al procurador Gregorio Eljach, la legisladora del Centro Democrático solicitó abrir investigación y evaluar posibles sanciones, al considerar que el ministro estaría promoviendo la continuidad del proyecto político del actual Gobierno, lo cual —según su criterio— vulnera la Constitución y el Código General Disciplinario.

La senadora sostuvo que las publicaciones trascienden la opinión personal y configuran proselitismo desde el poder público. Citó los artículos 38, 39 y 60 de la Ley 1952 de 2019, que prohíben a los servidores públicos utilizar su cargo para intervenir en controversias políticas o influir en procesos electorales.

Cabal también cuestionó que Benedetti hiciera referencias a un escenario de reelección, figura que hoy está prohibida en Colombia, y señaló que ese tipo de mensajes afectan el principio de imparcialidad que debe regir la función pública.

El ministro respondió públicamente a la queja y defendió su derecho a opinar. Afirmó que sus declaraciones no implican proselitismo, pues Petro no es candidato en las elecciones de 2026. Reiteró que su comentario fue hipotético y que solo expresaba su postura sobre la figura de la reelección.

Benedetti insistió en que, si la reelección existiera, Petro sería competitivo frente a cualquier aspirante, y comparó la situación con cuestionar a alguien por promover a un político que no está oficialmente en campaña.

El caso queda ahora en manos de la Procuraduría, que deberá determinar si hay mérito para abrir una investigación disciplinaria formal.