El escándalo por la financiación de la campaña de Carolina Corcho en la consulta presidencial del Pacto Histórico de octubre de 2025 sumó un nuevo capítulo luego de que la congresista Jennifer Pedraza denunciara públicamente lo que considera serias inconsistencias en el origen de parte de los recursos reportados.

Según la información consignada en el aplicativo Cuentas Claras del Consejo Nacional Electoral (CNE), un restaurante identificado como Gusteau Chefcito Sigi aportó 737 millones de pesos a la campaña de Corcho, cifra que representa el 52 % de los gastos totales de su aspiración. Para Pedraza, este hecho resulta llamativo, pues el establecimiento figura en liquidación desde abril de 2025 y su ubicación física no ha podido ser verificada con claridad.

La congresista señaló además que el representante legal del restaurante, Sigifredo Vergara Martínez, aparece en el régimen subsidiado de salud y está registrado como solicitante de subsidios ante el Departamento de Prosperidad Social (DPS), lo que contradice —a su juicio— su capacidad económica para realizar una donación de tal magnitud. “¿Un evasor del sistema de salud financiando una campaña?”, cuestionó Pedraza en redes sociales.

La representante también advirtió que, pese a estar en proceso de liquidación, el negocio figura como principal financiador de la campaña de Corcho, quien obtuvo 578.037 votos y quedó en segundo lugar en la consulta interna del Pacto Histórico, detrás de Iván Cepeda. En esa jornada participaron 2,7 millones de personas.

Pedraza recordó que el CNE fijó un tope máximo de gastos por precandidato de 18.555 millones de pesos para las consultas interpartidistas de 2026, pero insistió en que el problema no es el límite de gasto, sino la procedencia de los recursos. También señaló que el restaurante habría postulado a programas sociales del Gobierno, destinados a población vulnerable.

Aunque Pedraza ha hecho públicas sus denuncias, hasta el momento no ha presentado una queja formal ante los organismos de control. Entretanto, el caso reaviva el debate sobre la financiación política y el control efectivo de aportes privados en campañas electorales.