La Procuraduría General de la Nación decidió no investigar disciplinariamente a la defensora del Pueblo, Iris Marín, tras una queja presentada por el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien la acusó de injuria, calumnia y “animadversión” en su contra.

La determinación fue adoptada por la Sala Disciplinaria de Instrucción del Ministerio Público, que concluyó, mediante un auto de nueve páginas, que las declaraciones de Marín estuvieron amparadas por la libertad de expresión y se basaron en hechos de conocimiento público, por lo que no configuraron faltas disciplinarias ni imputaciones falsas.

El caso se remonta al 27 de noviembre de 2024, cuando Marín, en entrevista con Canal 1, se refirió a denuncias de presunta violencia de género que involucraban a Benedetti cuando se desempeñaba como embajador ante la FAO en España. En esa ocasión, la defensora señaló que había elementos que “podrían acercarse a un intento de feminicidio, o por lo menos, una agresión física”.

La Fiscalía abrió una indagación preliminar en 2023 por esos hechos, ocurridos en un apartamento en Madrid, donde, según reportes de prensa, una discusión entre Benedetti y su esposa terminó con la intervención de terceros y de la Policía española, que no realizó capturas por la inmunidad diplomática del entonces embajador. Benedetti negó públicamente las acusaciones en su momento.

En febrero de 2025, durante la presentación del informe anual de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, Marín reiteró sus reparos frente a la permanencia de Benedetti en el Gobierno, al considerar que no era “conveniente ni respetuosa de los riesgos en derechos humanos y de violencia contra la mujer”.

El análisis de la Procuraduría

Ante estas declaraciones, Benedetti presentó una queja disciplinaria argumentando que la defensora había afectado su honra y buen nombre. Sin embargo, la Procuraduría determinó que no hubo imputación de hechos falsos ni intención de dañar su integridad moral, requisitos necesarios para configurar injuria o calumnia.

El órgano de control señaló que Marín se limitó a citar denuncias y reportes mediáticos existentes, así como investigaciones en curso, entre ellas la indagación de la Fiscalía y antecedentes relacionados con el caso Fonade y otros procesos contra Benedetti en instancias nacionales e internacionales.

Además, la Procuraduría resaltó que, al tratarse de un alto funcionario, Benedetti debe tolerar un mayor nivel de escrutinio público y crítica política. En ese sentido, las apreciaciones de Marín se consideraron parte del debate sobre asuntos de interés público y no excedieron los límites de la libertad de expresión.

La decisión fue notificada a ambas partes y no admite recursos. No obstante, el Ministerio Público aclaró que el archivo no hace tránsito a cosa juzgada, por lo que el trámite podría reabrirse si aparecen nuevos hechos o pruebas.