El Ministerio de Justicia advirtió que emprenderá acciones legales contra los 17 gobernadores que anunciaron que no aplicarán algunas medidas del decreto de emergencia económica expedido por el presidente Gustavo Petro, al considerar que su postura desconoce el orden constitucional y las competencias de la Corte Constitucional.

La posición fue fijada por el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, a través de su cuenta en X, luego de que los mandatarios departamentales hicieran pública su decisión este jueves 15 de enero. Para el funcionario, el anuncio de los gobernadores constituye un “exabrupto jurídico” que rompe con los canales institucionales y desconoce el marco legal vigente mientras la Corte estudia el decreto.

Idárraga explicó que el alcance de las acciones del Gobierno dependerá de cómo cada gobernación materialice su postura mediante actos administrativos concretos. En ese sentido, advirtió que cualquier decisión formal orientada a desconocer o inaplicar los decretos de emergencia podría derivar en procesos judiciales contra los mandatarios responsables.

El ministro fue enfático en señalar que los gobernadores no tienen competencia para cuestionar la validez de los decretos expedidos en el marco de la emergencia económica, pues esa es una función exclusiva de la Corte Constitucional, que actualmente revisa su constitucionalidad. A su juicio, pretender dejar sin efectos estas normas desde los territorios implica una extralimitación de funciones.

Además, Idárraga rechazó de manera expresa el uso de la figura de la excepción de inconstitucionalidad, recurso citado por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, para desmarcarse del Decreto 1474 de 2025. Según el Ministerio, acudir a esa vía en este caso sería ilegítimo y supondría una usurpación de la competencia del tribunal constitucional.

Mientras el Ministerio de Justicia fija esta postura de firmeza institucional, en paralelo avanza la revisión de la Corte Constitucional sobre la emergencia económica y sus decretos derivados. Gobernaciones y asociaciones territoriales han pedido ser escuchadas, pero el Gobierno insiste en que las normas deben aplicarse hasta que exista un fallo en contrario.