El excanciller y actual precandidato presidencial, Luis Gilberto Murillo, anunció este lunes que interpondrá acciones legales contra el exconcejal de Bogotá, Daniel Briceño, quien lo acusó públicamente de supuestas irregularidades en un contrato suscrito en 2024, para la modernización del sistema de agendamiento de citas para pasaportes.

Briceño, reconocido por su activismo anticorrupción desde redes sociales, ha señalado que durante la gestión de Murillo se habrían perdido 3.100 millones de pesos por incumplimientos del contratista ALDESARROLLO, en un proceso que según él, se adjudicó sin licitación pública y a una entidad sin idoneidad técnica.

En respuesta, Murillo calificó estas afirmaciones como falsas, y aseguró que el sistema «sí existe y está funcionando», y anunció que acudirá a la justicia para proteger su buen nombre y el de los funcionarios que participaron en el proceso. El exministro ya había manifestado en 2024, que el contrato fue adjudicado con sustento técnico y jurídico, y conforme a la ley mediante un convenio interadministrativo entre entidades públicas, figura permitida por la Ley 489 de 1998.

Mientras que el exconcejal ha reiterado que ha radicado denuncias ante órganos de control, la defensa de Murillo buscará demostrar que las afirmaciones constituyen una imputación falsa de hechos que no tienen sustento jurídico ni probatorio.

El contrato y las cifras de la Cancillería

El contrato en cuestión fue suscrito en octubre de 2024 entre el Fondo Rotatorio de la Cancillería y la entidad pública ALDESARROLLO, con el objetivo de actualizar los sistemas de información del ministerio. Aunque el proyecto ha enfrentado retrasos posteriores a la salida de Murillo de la Cancillería, en enero de 2025, la entidad señaló en su momento que la contratación se basó en estudios de mercado, selección objetiva y necesidad urgente de modernización tecnológica, dada la obsolescencia de los sistemas vigentes.

Durante la gestión del excanciller, el Ministerio de Relaciones Exteriores reportó la expedición de más de 418.000 pasaportes en Colombia y 55.000 en el exterior. También se implementó el servicio de pasaporte en línea, nuevos puntos de atención y la entrega gratuita del documento a población vulnerable. No existe, hasta la fecha, pronunciamiento oficial de la Fiscalía, Procuraduría o Contraloría que señale hallazgos fiscales o disciplinarios contra Murillo por este contrato.

El trasfondo político

La denuncia de Briceño se inscribe en la coyuntura electoral. Murillo es una de las figuras presidenciables del centro-izquierda y ha ganado notoriedad tras su paso por la Cancillería, y por su perfil independiente y conciliador dentro del Gobierno, con una agenda propia en temas como diplomacia, medioambiente y derechos humanos. Briceño, por su parte, busca consolidarse como referente anticorrupción dentro del electorado de derecha, con un discurso basado en denuncias mediáticas que le han generado alta visibilidad.

El cruce entre ambos representa el choque entre dos modelos de liderazgo político, uno institucional, con trayectoria internacional; otro emergente, centrado en el escrutinio digital y la confrontación directa. Este caso puede incidir en el capital político de ambos: si Briceño logra sostener su acusación, refuerza su narrativa; si Murillo logra desmontarla con respaldo judicial, capitaliza un impulso clave en su aspiración presidencial.

El episodio abre un nuevo capítulo en la tensión entre las redes sociales como herramienta de control político y la necesidad de responsabilidad legal en el debate público. Por ahora, la veracidad de las acusaciones y la legalidad del contrato deberán ser determinadas por las instancias competentes.