Un grupo de 17 de los 32 gobernadores del país anunció que no aplicará en sus territorios el decreto de emergencia económica expedido por el presidente Gustavo Petro en diciembre, medida que ha abierto un nuevo pulso político e institucional entre el Gobierno nacional y las regiones, mientras la Corte Constitucional avanza en su revisión de la norma.

La decisión fue adoptada tras una reunión de la Federación Nacional de Departamentos (FND), en la que los mandatarios concluyeron que el decreto afecta la autonomía fiscal de los departamentos y podría tener impactos negativos sobre sectores como la salud y la educación. La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, informó que los gobernadores trabajan en un instrumento jurídico que será presentado ante la Corte Constitucional para exponer sus reparos.

El decreto de emergencia económica fue expedido por Petro con el argumento de evitar una “inminente crisis fiscal”, luego de que el Congreso archivara una reforma tributaria que el Gobierno consideraba clave para financiar el presupuesto de 2026. La medida permitió al Ejecutivo establecer impuestos temporales sin aprobación legislativa, lo que ha generado críticas desde distintos sectores políticos y económicos.

Entre las disposiciones más controvertidas se encuentran el aumento de impuestos al patrimonio de las personas más adineradas, al sector financiero, así como gravámenes adicionales a los licores y a los juegos de azar y apuestas en línea. El Gobierno ha defendido estas medidas señalando que los recursos son necesarios para financiar subsidios eléctricos, cubrir pagos a aseguradoras de salud e invertir aproximadamente 700 millones de dólares en infraestructura contra el uso de drones por parte de grupos armados ilegales.

Frente a este escenario, los gobernadores definieron una estrategia que combina acciones judiciales y administrativas. Cada mandatario interpondrá una acción de tutela argumentando que el decreto vulnera el derecho fundamental a la salud de sus habitantes. Además, algunos departamentos evalúan aplicar la “excepción de inconstitucionalidad” para no acatar la norma, particularmente en lo relacionado con impuestos al consumo como los de licores y cigarrillos.

También se conformó una delegación integrada por gobernadores de Valle del Cauca, Tolima, Antioquia y Nariño, que solicitará formalmente a la Corte Constitucional ser escuchada para explicar por qué consideran que el decreto “asfixia” financieramente a las regiones.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ha sido uno de los voceros más críticos, al señalar que la urgencia fiscal del Gobierno no puede justificar decisiones que, en su criterio, alteran el diseño constitucional del sistema tributario. Por su parte, la gobernadora del Meta advirtió que existe una “desarticulación catastrófica” entre el Gobierno nacional y los entes territoriales.

Desde el Ejecutivo, el ministro del Interior, Armando Benedetti, rechazó la postura de los gobernadores y advirtió que desconocer el decreto podría constituir prevaricato. Según Benedetti, solo la Corte Constitucional tiene la facultad de suspender o tumbar la norma, y llamó a los mandatarios a acatarla mientras el alto tribunal emite su fallo.

La Corte Constitucional continúa estudiando el decreto de emergencia económica y, de encontrarlo contrario a la ley o a la Carta Política, podría dejarlo sin efectos, lo que definirá el desenlace de este enfrentamiento institucional.