El Tribunal Superior de Bogotá negó la acción de tutela presentada por Colombia Humana para dejar sin efectos la sanción impuesta por el Consejo Nacional Electoral (CNE) a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, al concluir que no se vulneraron derechos fundamentales y que el recurso no cumplía los requisitos de procedencia.
La tutela fue interpuesta por Julio César Ortiz, exmagistrado y apoderado de la colectividad, quien alegó que el CNE había desconocido el debido proceso, el principio de legalidad y la igualdad en la participación política al sancionar a la campaña Petro Presidente por presuntas irregularidades en la financiación electoral. Entre los argumentos centrales, la defensa sostuvo que el órgano electoral carecía de competencia por una supuesta caducidad de la facultad sancionatoria, dado que la segunda vuelta presidencial se realizó el 19 de junio de 2022.
Sin embargo, el Tribunal consideró que la acción no superaba el requisito de subsidiariedad y que no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable que habilitara la intervención del juez constitucional. En su decisión, señaló que los mecanismos ordinarios de defensa judicial continúan vigentes y resultan idóneos para controvertir los actos administrativos del CNE.
La sanción cuestionada fue adoptada a finales de noviembre, cuando el Consejo Nacional Electoral acogió la ponencia de los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, que concluyó que la campaña habría superado los topes de gastos tanto en primera como en segunda vuelta. Los cargos fueron formulados contra Gustavo Petro como candidato, Ricardo Roa como gerente de campaña, la tesorera, los auditores y los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica.
De acuerdo con el CNE, en primera vuelta se habrían omitido reportes por más de 3.700 millones de pesos, incluidos aportes de organizaciones sindicales, partidos políticos, gastos en transporte aéreo, testigos electorales y propaganda. Para la segunda vuelta, el presunto exceso ascendería a más de 1.600 millones de pesos, por conceptos similares y eventos de cierre de campaña.
Con la negativa de la tutela, se mantiene en firme la actuación del CNE y se refuerza el camino de los recursos administrativos y judiciales ordinarios como vía para definir el futuro de la sanción, en un proceso que sigue teniendo implicaciones políticas y jurídicas para el oficialismo.
