El Consejo de Estado abrió formalmente el estudio de la primera demanda de nulidad contra el decreto con el que el Gobierno nacional fijó el aumento del salario mínimo para 2026 en 23%, decisión que elevó el ingreso básico mensual a 2 millones de pesos con auxilio de transporte incluido.

La decisión fue adoptada por la Sección Segunda, Subsección A, de la Sala de lo Contencioso Administrativo, que consideró que la acción presentada por el ciudadano Germán Eduardo Castro Marín cumple con los requisitos formales exigidos por la ley para iniciar el análisis de fondo sobre la legalidad del acto administrativo.

La demanda está dirigida contra el artículo primero del Decreto 1469 del 29 de diciembre de 2025, expedido de manera conjunta por los ministerios de Hacienda y del Trabajo, tras el fracaso de la mesa de concertación entre el Gobierno, los empresarios y las centrales obreras, cuyas propuestas de incremento oscilaron entre 7% y 16%.

En su providencia, el alto tribunal ordenó notificar personalmente a las entidades demandadas y correr traslado de la demanda por un término de 30 días al Gobierno nacional, a la Procuraduría General de la Nación y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, para que presenten sus argumentos y aporten las pruebas que consideren pertinentes. Además, dispuso que los ministerios de Hacienda y Trabajo deberán remitir todos los antecedentes administrativos que sustentaron el decreto, incluyendo estudios técnicos, actas de la mesa de concertación y soportes económicos utilizados para justificar el aumento.

El magistrado ponente advirtió que el incumplimiento de esta orden podría acarrear consecuencias disciplinarias para los funcionarios responsables. Asimismo, señaló que en una providencia separada se resolverá la solicitud de medida cautelar presentada por el demandante, quien pidió la suspensión provisional del decreto mientras se adopta una decisión de fondo.

Paralelamente, la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) también interpuso una demanda de nulidad contra el mismo decreto, argumentando que el Gobierno no explicó de manera clara y verificable cómo se pasó de variables que sugerían un ajuste cercano al 6,21% a un incremento del 23,7%. El gremio solicitó igualmente la suspensión provisional de la medida y advirtió que, de mantenerse el aumento, podrían perderse cerca de 772.340 empleos y enfrentarse el cierre de numerosas micro, pequeñas y medianas empresas.

Aunque la admisión de la demanda no implica un pronunciamiento sobre la legalidad del incremento, sí abre un escenario de control judicial sobre la decisión del Ejecutivo, en un contexto de fuerte debate político y económico por el impacto del salario mínimo en la inflación, el empleo y la competitividad empresarial.