El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ordenó abrir investigaciones internas luego de la denuncia del ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, quien aseguró tener pruebas de haber sido víctima de espionaje ilegal presuntamente originado desde estructuras del propio Estado.

La reacción del jefe de la cartera de Defensa se produjo horas después de que Idárraga denunciara públicamente que sus comunicaciones habrían sido interceptadas mediante el software Pegasus, una herramienta de espionaje de alto nivel. Según el ministro de Justicia, las interceptaciones habrían ocurrido entre agosto y noviembre de 2025 y estarían relacionadas con investigaciones por presuntos hechos de corrupción al interior de las Fuerzas Militares.

En contexto: Ministro de Justicia denunció espionaje con Pegasus: al menos 8.700 intentos de hackeo

Pedro Sánchez confirmó que sostuvo una conversación directa con Idárraga, en la que le expresó que desconoce los hechos denunciados, pero dejó claro que se trata de una situación “muy grave y delicada” que no puede ser tolerada en un Estado democrático. En ese sentido, manifestó su disposición a colaborar plenamente con las autoridades competentes para esclarecer lo ocurrido.

Como parte de las medidas inmediatas, el ministro de Defensa informó que abordó el caso con la fiscal general de la Nación, así como con el contralor y el procurador general, con el fin de articular una respuesta institucional coordinada. Sánchez señaló que es fundamental que las investigaciones avancen con independencia y rigor, dada la gravedad de las acusaciones.

Adicionalmente, ordenó a la cúpula militar y policial iniciar de manera inmediata las indagaciones internas correspondientes, con el objetivo de establecer si alguna estructura de inteligencia o contrainteligencia pudo haber actuado de manera irregular. También anunció la convocatoria urgente de la Junta de Inteligencia Conjunta, instancia en la que se impartirán instrucciones específicas y se revisarán procedimientos y controles.

La denuncia de Idárraga ha generado un fuerte impacto político, al tratarse de un presunto espionaje dirigido contra un miembro del propio gabinete, lo que reaviva el debate sobre el uso de herramientas de inteligencia del Estado y los límites legales de estas prácticas. El ministro de Justicia ha señalado que el caso ya fue puesto en conocimiento de la Fiscalía y de instancias internacionales.

Mientras avanzan las investigaciones, el Gobierno enfrenta uno de los episodios más sensibles en materia de seguridad institucional, con implicaciones directas para la confianza entre entidades del Estado y para las garantías de quienes adelantan investigaciones por presunta corrupción.