Las víctimas acreditadas en el proceso de soborno y fraude procesal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez radicaron ante la Corte Suprema de Justicia el recurso de casación contra el fallo que lo absolvió en segunda instancia, confirmó el abogado Miguel Ángel del Río.

El recurso fue presentado luego de que el Tribunal Superior de Bogotá revocara, en octubre de 2025, la condena de primera instancia que había impuesto una pena de 12 años de prisión al exmandatario. Con esta acción judicial, las víctimas buscan que el alto tribunal revise de fondo la decisión y determine si se ajustó a la ley y a la valoración probatoria del proceso.

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Entre las víctimas reconocidas en el caso se encuentran el senador Iván Cepeda, actual precandidato presidencial de la coalición de gobierno, y el exministro de Justicia Eduardo Montealegre, quienes firmaron el recurso junto con el exvicefiscal Jorge Fernando Perdomo y Deyanira Gómez, expareja del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, testigo clave del proceso.

De acuerdo con lo expuesto en la demanda de casación, los apoderados consideran que existen errores jurídicos y probatorios en el fallo absolutorio, especialmente en la valoración de pruebas relacionadas con presuntas presiones a testigos y en la decisión de declarar ilegal una interceptación telefónica que había sido previamente avalada por distintas instancias judiciales, incluida la Corte Suprema.

Meses antes de radicar el recurso, las víctimas habían solicitado una prórroga de 30 días para su presentación, argumentando la complejidad del expediente, que incluye varias sentencias y el salvamento de voto de la magistrada María Leonor Oviedo. Según indicaron, el análisis detallado del material probatorio requería más tiempo del inicialmente previsto.

Con la radicación formal, la Sala Penal de la Corte Suprema deberá definir primero si el recurso cumple con los requisitos legales para ser admitido. De ser así, se abrirá el trámite correspondiente, en el que las partes podrán presentar sus argumentos antes de que el alto tribunal adopte una decisión de fondo.

La Corte cuenta con un plazo legal de hasta cinco años para pronunciarse sobre el recurso de casación. El desenlace de este trámite será determinante para establecer si se mantiene la absolución de Uribe en segunda instancia o si, por el contrario, se reabre el camino hacia una eventual condena, en uno de los procesos judiciales más relevantes y sensibles de la política colombiana reciente.