El exconcejal de Bogotá Daniel Briceño solicitó a la Procuraduría General de la Nación la suspensión inmediata de Hollman Morris, director del Sistema de Medios Públicos (Rtvc), al considerar que habría incurrido en participación política indebida en medio del actual escenario preelectoral.

La petición fue presentada mediante una queja disciplinaria dirigida al procurador general, Gregorio Eljach, en la que Briceño pidió la apertura de una investigación formal y la adopción de una medida provisional contra el funcionario, mientras se evalúan las pruebas y se determina si hubo vulneración del régimen disciplinario aplicable a los servidores públicos.

Según el documento, Morris ejerce un cargo directivo en una entidad estatal financiada con recursos públicos, cuya función central es garantizar el pluralismo, la imparcialidad y la neutralidad informativa. En ese contexto, Briceño sostiene que el director de Rtvc habría utilizado su posición institucional para emitir valoraciones políticas que podrían influir en la opinión pública.

La queja se fundamenta en un mensaje publicado por Morris en su cuenta de X el pasado 31 de diciembre de 2025, en el que afirmó que el país enfrentará “unos seis meses muy complicados” y planteó una dicotomía entre “fascismo o democracia”, asegurando además que el Sistema de Medios Públicos estaría “defendiendo la democracia” en ese escenario.

Para Briceño, este pronunciamiento introduce una lectura ideológica del contexto político y anuncia una toma de posición institucional frente a procesos electorales próximos, lo que, a su juicio, excede los límites permitidos para un funcionario público y compromete la neutralidad que debe caracterizar a los medios estatales.

El exconcejal argumentó que las declaraciones no corresponden a una reflexión académica o abstracta, sino que constituyen una valoración política concreta emitida desde una plataforma con amplio alcance nacional, lo que refuerza su capacidad de influir en la ciudadanía.

En su solicitud, Briceño invocó las restricciones establecidas en la legislación vigente, incluida la ley de garantías, que prohíbe a los funcionarios públicos intervenir en debates políticos, especialmente en periodos sensibles previos a elecciones. Asimismo, insistió en que los recursos públicos no pueden ser utilizados para el activismo político ni para favorecer posturas ideológicas.

Hasta el momento, ni la Procuraduría General de la Nación ni Hollman Morris se han pronunciado oficialmente sobre la queja disciplinaria ni sobre la solicitud de suspensión provisional.