Colombia denunció ante el Consejo de Seguridad de la ONU la operación militar de Estados Unidos en Venezuela y advirtió que el uso unilateral de la fuerza constituye una amenaza para la paz regional, al evocar episodios históricos de injerencia en América Latina.
La posición fue expuesta por la embajadora de Colombia ante las Naciones Unidas, Leonor Zalabata Torres, durante una sesión convocada de manera urgente tras la captura de Nicolás Maduro y su traslado a Estados Unidos junto a su esposa, Cilia Flores. Según la delegada colombiana, la acción militar estadounidense “recuerda los peores momentos de injerencias en la política latinoamericana y del Caribe” y pone en riesgo la preservación de la región como zona de paz.
Zalabata señaló que el operativo, ejecutado por fuerzas especiales estadounidenses en Caracas y otras zonas del territorio venezolano, debe analizarse no solo desde una perspectiva regional, sino también global. En ese sentido, alertó sobre el precedente que implica que un miembro permanente del Consejo de Seguridad decida hacer uso de la fuerza y asumir control de otro Estado soberano de manera unilateral.
“Estamos aceptando que la ley y los intereses del más fuerte prevalezcan sobre el multilateralismo”, afirmó la diplomática, al tiempo que cuestionó que este tipo de decisiones se adopten al margen de los mecanismos previstos en la Carta de las Naciones Unidas. Añadió que el uso de la fuerza solo es admisible en circunstancias excepcionales, como la legítima defensa ante un ataque armado o cuando existe una autorización expresa del Consejo de Seguridad.
La representante colombiana también advirtió sobre los efectos humanitarios del operativo militar, al señalar que se registraron bombardeos sobre instalaciones civiles y militares que generaron pánico entre la población venezolana, lo que, a su juicio, configura una violación de la soberanía, la independencia política y la integridad territorial del país.
En su intervención, Zalabata aseguró que Colombia está dispuesta a ofrecer su mediación para contribuir a una salida diplomática a la crisis entre Estados Unidos y Venezuela, insistiendo en que la defensa del multilateralismo y del derecho internacional debe prevalecer en un contexto de creciente tensión regional.







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