El Gobierno nacional confirmó que expedirá un decreto con medidas de control de precios y desindexación de bienes y servicios, tras el aumento del salario mínimo del 23,78 % que rige desde el 1 de enero de 2026. La decisión busca evitar presiones inflacionarias y alzas injustificadas en productos básicos.

El anuncio fue realizado por el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien explicó que el presidente Gustavo Petro firmará en los próximos días el decreto como parte de una estrategia para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores. Según el funcionario, la medida responde a la necesidad de impedir que el incremento salarial se traduzca en prácticas especulativas en distintos sectores de la economía.

En declaraciones con los medios de comunicación, Sanguino señaló que el Ejecutivo reforzará los mecanismos de seguimiento sobre precios de bienes y servicios que suelen ajustarse automáticamente con el salario mínimo. En ese sentido, indicó que la desindexación será uno de los ejes centrales del decreto, con el fin de romper la relación directa entre el aumento salarial y el encarecimiento generalizado de la economía.

El ministro defendió el incremento del salario mínimo al asegurar que se apoya en la evolución reciente de los principales indicadores macroeconómicos. Recordó que la inflación, que superaba el 14 % al inicio del actual gobierno, se ubica actualmente alrededor del 5,2 %. También destacó que el desempleo cerró el último año en el 7 % y que la economía creció un 2,9 % en 2025, con un repunte del 3,6 % en el último trimestre.

Sanguino explicó que el ajuste salarial apunta a reducir la brecha entre el salario mínimo y el salario vital, en línea con recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Según el Gobierno, el objetivo es que el ingreso mínimo permita cubrir de manera más adecuada las necesidades básicas de los trabajadores y sus hogares.

En materia de consumo, el ministro aseguró que el aumento tendrá un impacto directo en la demanda interna. De acuerdo con estimaciones oficiales, cerca de 2,4 millones de trabajadores que devengan un salario mínimo podrían generar alrededor de 800.000 millones de pesos adicionales mensuales en consumo, recursos que se moverían principalmente en comercios de barrio y en la pequeña producción local.

El Gobierno indicó que hará seguimiento permanente al comportamiento de los precios en los próximos meses, con el fin de evaluar el impacto del decreto y garantizar que el aumento salarial no se diluya por incrementos injustificados en el costo de vida.