Al menos 187 líderes sociales y 39 excombatientes de las FARC fueron asesinados en Colombia durante 2025, según denunció el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), que advirtió un deterioro en las garantías de seguridad y en la protección de los derechos humanos en el país.

De acuerdo con el balance presentado por la organización, la cifra de líderes sociales asesinados supera la registrada en 2024, cuando se documentaron 173 homicidios. En el caso de los excombatientes firmantes del Acuerdo de Paz, el número también aumentó, al pasar de 31 asesinatos el año pasado a 39 en el balance más reciente.

Indepaz señaló que estos crímenes evidencian fallas estructurales en la prevención y protección de las comunidades, así como en las investigaciones judiciales. La organización reiteró que los líderes sociales continúan siendo blanco de actores armados ilegales por su trabajo en defensa del territorio, los derechos humanos, la sustitución de cultivos ilícitos y la implementación del Acuerdo de Paz.

El informe también da cuenta de un preocupante panorama de violencia colectiva. Durante 2025 se registraron 78 masacres en el país, hechos que dejaron 256 víctimas mortales. Aunque el número de masacres es ligeramente superior al de 2024, cuando se contabilizaron 76, el total de víctimas fue menor frente a las 267 personas asesinadas en esos eventos el año anterior.

Leonardo González, director de Indepaz, aseguró que el balance refleja un fracaso colectivo en materia de derechos humanos y seguridad. A través de la red social X, afirmó que el país “se rajó” en la prevención de la violencia, la protección oportuna de las personas en riesgo, la investigación efectiva de los crímenes y la divulgación de la verdad.

Para el directivo, esta situación exige una autocrítica amplia que involucre al Estado en todos sus niveles, a las instituciones, a los actores armados, a los medios de comunicación y a la sociedad en general. Según González, identificar las causas de esta violencia no es un ejercicio retórico, sino una condición indispensable para garantizar la vida y los derechos fundamentales.

Indepaz concluyó que, aunque el panorama es grave, es posible mejorar la situación si se construye un plan común con acciones coordinadas que permitan frenar la violencia y proteger de manera efectiva a quienes ejercen liderazgo social en los territorios.