Un juez negó la solicitud de libertad por vencimiento de términos presentada por la defensa de Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones, procesada por su presunta participación en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La decisión fue adoptada por un juzgado de control de garantías en Bogotá, tras concluir que no se cumplen los requisitos legales para conceder la libertad bajo esta figura. De acuerdo con el despacho judicial, la normativa exige que transcurran al menos 240 días efectivos imputables a la judicatura, plazo que aún no se ha cumplido dentro del proceso.

Durante la audiencia, la juez explicó que, aunque desde el inicio del trámite han pasado 342 días calendario, solo 158 días son computables para efectos judiciales. Por esta razón, la causal de vencimiento de términos invocada por la defensa no resulta procedente y, en consecuencia, Sandra Ortiz continuará privada de la libertad mientras avanza el proceso penal en su contra.

La solicitud había sido presentada por su abogado, Mauricio Camacho, quien argumentó que se había superado el tiempo legal permitido para mantener a su defendida en detención preventiva. No obstante, tras revisar detalladamente el cómputo de los plazos procesales, la juez concluyó que el término exigido por la ley aún no se ha alcanzado.

En septiembre pasado, la Fiscalía General de la Nación formuló acusación formal contra Ortiz por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público. Según el ente acusador, la exfuncionaria habría participado en la entrega de millonarias sumas de dinero provenientes de contratos irregulares, que presuntamente fueron utilizadas para influir en decisiones políticas y administrativas.

Entre los hechos investigados, la Fiscalía sostiene que Ortiz habría actuado como intermediaria en la entrega de cerca de 4.000 millones de pesos en sobornos a altos dignatarios del Congreso, entre ellos el entonces presidente del Senado, Iván Name, y el expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle. Estos señalamientos forman parte de una investigación más amplia que busca establecer responsabilidades dentro de una red de corrupción que operó al interior de la UNGRD.

Con la negativa a la libertad por vencimiento de términos, el proceso contra Sandra Ortiz continúa su curso, mientras la justicia define si existen méritos suficientes para llevarla a juicio y determinar su eventual responsabilidad penal.