El expresidente Álvaro Uribe arremetió contra el aumento del 23,7 % del salario mínimo y del auxilio de transporte decretado por el Gobierno de Gustavo Petro, al advertir que la medida, aunque beneficia a trabajadores formales, profundizará la inflación, afectará el empleo y agravará lo que calificó como un escenario de derroche y corrupción estatal.

A través de varios mensajes publicados en sus redes sociales, Uribe cuestionó que el incremento salarial se presente como una política social cuando, según él, el Ejecutivo incumplió la promesa de una renta básica para los más pobres. A su juicio, el Gobierno busca compensar ese incumplimiento trasladando el costo a los empresarios y al sector formal de la economía.

“El aumento hay que mirarlo en la crítica situación actual del país”, afirmó el exmandatario, al señalar que una parte significativa del alza salarial terminará absorbida por mayores gastos en salud y medicamentos, debido a lo que describió como la “destrucción” del sistema por parte del actual Gobierno. En ese contexto, sostuvo que el incremento podría traducirse en más presión inflacionaria y menor capacidad de consumo real para los trabajadores.

Uribe advirtió que las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, no soportan más cargas laborales, impuestos y regulaciones, por lo que existe un riesgo real de despidos y de reducción de plazas formales. Según su análisis, el impacto no solo se sentirá en el empleo, sino también en sectores como la vivienda de interés social, cuyos precios, aseguró, podrían incrementarse de manera significativa.

El exjefe de Estado también alertó sobre un posible aumento en la migración juvenil, afirmando que más de 80.000 jóvenes salen del país cada año en busca de mejores oportunidades. Para Uribe, el bienestar social sostenible depende de una “economía fraterna” que equilibre los intereses del trabajador y del empresario, y no de decisiones que, en su opinión, favorecen el gasto público improductivo.

En sus críticas, el líder del Centro Democrático cuestionó además el tamaño del Estado, el crecimiento del endeudamiento y el manejo de los recursos públicos. Insistió en que el dinero estaría mejor invertido en producción e inversión privada que en financiar lo que denominó un Gobierno corrupto y derrochador.

Finalmente, Uribe reiteró su propuesta de reducción de impuestos, eliminación del despilfarro y garantías para la inversión privada, al tiempo que expresó su preocupación por el futuro de las reservas pensionales y la sostenibilidad fiscal del país bajo las actuales políticas económicas.