El Ministerio de Hacienda confirmó que el Gobierno eliminará la prima especial de servicios que reciben los congresistas de la República, un beneficio que actualmente asciende a cerca de $11 millones por legislador y que se paga de manera recurrente desde hace más de una década.

El anuncio fue hecho por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, durante la explicación del incremento salarial decretado para 2026. Allí, el funcionario señaló que esta prima fue creada originalmente para cubrir los gastos de instalación de los congresistas que debían trasladarse a Bogotá, pero con el paso del tiempo se convirtió en un beneficio generalizado.

“Ese beneficio se transformó en un pago recurrente para todos los congresistas y hoy, además, por estar indexado, representa cerca de 11 millones de pesos por congresista. Es un costo que se ha venido pagando durante más de 12 años y que hace parte de la política de reducción de gastos que estamos adelantando”, afirmó Ávila.

La prima especial fue establecida durante el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y, según explicó el ministro, dejó de cumplir su propósito inicial al extenderse a todos los legisladores, sin distinción de lugar de residencia. En el actual contexto fiscal, el Ejecutivo considera que este gasto no se justifica.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, respaldó la decisión y la calificó como un acto de justicia social, en línea con el aumento del salario mínimo para 2026. “Reducirles una prima que fue un regalazo del entonces ministro de Hacienda es un acto de justicia que el pueblo colombiano aplaudirá, sobre todo cuando se está incrementando el ingreso de quienes menos ganan”, señaló.

De acuerdo con estimaciones del Gobierno, la prima representa un costo cercano a los $3.000 millones anuales para el Estado, teniendo en cuenta el número de congresistas y el valor individual del beneficio. La eliminación de este pago se haría efectiva mediante un decreto y aplicaría a partir de la próxima legislatura.

La decisión se enmarca en un escenario de estrechez fiscal y hace parte de un conjunto de medidas que el Ejecutivo evalúa para ajustar las finanzas públicas, reducir gastos considerados innecesarios y aliviar la presión sobre el presupuesto nacional de 2026.