Más de 4.200 defensores públicos y miles de contratistas de la Defensoría del Pueblo no han recibido el pago de sus honorarios correspondientes a los últimos meses del año, una situación que encendió las alertas en el sector jurídico y generó un cruce público de mensajes entre la entidad y el Ministerio de Hacienda. Así lo confirmó la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, quien responsabilizó al retraso en los giros de recursos por parte de la cartera de Hacienda.

La situación se hizo visible tras una alerta del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, que a través de redes sociales cuestionó a la Defensoría por el incumplimiento en los pagos. En respuesta, Marín explicó que la entidad agotó todos los mecanismos administrativos y de planeación para cumplir con sus obligaciones, pero no contó con los recursos necesarios para efectuar los desembolsos de manera oportuna.

Según detalló la defensora en su cuenta de X, el Ministerio de Hacienda, encargado de liberar los recursos a través del Programa Anual de Caja (PAC), no giró el dinero requerido para cubrir los honorarios de más de 4.200 defensores públicos y otros contratistas. La funcionaria aseguró que insistió en varias oportunidades ante el ministro Germán Ávila, advirtiendo sobre las consecuencias que este retraso tiene para la operación de la Defensoría y para quienes prestan el servicio de defensa pública.

Días antes, Marín ya había publicado un video dirigido a los contratistas, en el que explicó que el Ministerio les notificó que no contaba con los recursos suficientes para realizar los giros correspondientes a diciembre, los cuales estaban programados para pagarse antes de las festividades de fin de año. La situación se enmarca en las decisiones adoptadas desde el PAC, que informó a varias entidades públicas que algunos pagos de noviembre y diciembre serían trasladados al presupuesto de enero de 2026.

Aunque el Ministerio de Hacienda sostuvo que este tipo de ajustes hacen parte de la dinámica normal de pagos mes vencido, la controversia se da en medio de una fuerte restricción de caja del Gobierno. El pasado 5 de diciembre, el saldo de caja cayó a $1,4 billones, el nivel más bajo registrado en la historia reciente, lo que llevó a aplazar el cumplimiento de varias obligaciones y trasladarlas al próximo año fiscal.

La defensora también advirtió que el presupuesto asignado a la Defensoría para 2026 fue definido de forma unilateral y con recortes frente a lo solicitado, lo que, según dijo, pone en riesgo la sostenibilidad del servicio de defensa pública y el acceso a la justicia de miles de ciudadanos.