El Gobierno nacional avanza en la elaboración de un decreto que eliminaría la prima especial de servicios que actualmente reciben los congresistas, un beneficio que en 2025 asciende a $16.914.540 mensuales y que ha generado molestia en la cámara. La iniciativa hace parte de un paquete de medidas orientadas a la austeridad y al ajuste fiscal de cara al presupuesto de 2026.

El borrador del decreto, elaborado por el Ministerio de Hacienda, plantea que esta prima resulta “desproporcionada” frente al ingreso promedio de la población colombiana y a la situación económica del país, lo que, según el Ejecutivo, dificulta el cierre de brechas sociales propuesto en el Plan Nacional de Desarrollo.

“Que la remuneración percibida por los congresistas resulta desproporcionada en relación con el ingreso promedio de la población y con la realidad económica del país (…) y se hace necesario reorientar una senda de gasto y adoptar medidas de austeridad inmediatas”, se lee en el documento preliminar.

De acuerdo con el borrador, la eliminación de la prima especial de servicios aplicaría únicamente para los congresistas que se posesionen a partir del 20 de julio de 2026. En concreto, el decreto propone derogar el Decreto 2170 de 2013, norma que creó este beneficio salarial para los miembros del Congreso.

Asimismo, el texto establece que, conforme al artículo 138 de la Constitución Política, no se reconocerá ni pagará esta prima ni ningún otro beneficio salarial o prestacional que tenga origen en dicha disposición.

Origen de la prima y polémica actual

La prima especial de servicios fue creada durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, luego de que la Corte Constitucional tumbara las primas de salud, localización y vivienda que recibían los congresistas, tras una demanda ciudadana. En su momento, la nueva prima reemplazó esos beneficios y equivalía a cerca de $7,8 millones mensuales, pero con los reajustes anuales hoy supera los $16 millones.

No obstante, varios congresistas han expresado su inconformidad con la iniciativa y aseguran que, del total de su salario mensual, se les realizan retenciones cercanas a los $20 millones, por concepto de impuestos y otros descuentos obligatorios.

Aunque el documento aún no ha sido expedido, la propuesta ya abrió un nuevo frente de debate político en el Congreso, donde varios parlamentarios consideran que la medida busca enviar un mensaje simbólico de austeridad, pero podría profundizar el choque entre poderes en la recta previa a las elecciones de 2026.