El Gobierno de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra Irán y Venezuela por su participación en el comercio de drones de diseño iraní y en la adquisición de componentes vinculados a programas militares, una medida con la que Washington busca frenar la proliferación de tecnología armamentística y limitar el acceso de estos actores al sistema financiero internacional.

Las sanciones fueron anunciadas por el Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), e incluyen a diez personas y entidades señaladas de participar en la compra, transferencia y comercialización de vehículos aéreos no tripulados, así como en intentos de adquirir materiales químicos relacionados con el desarrollo de misiles balísticos. Según las autoridades estadounidenses, estas actividades representan una amenaza para la seguridad regional y global.

De acuerdo con el comunicado oficial, las medidas implican el bloqueo de todos los activos que los sancionados puedan tener bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de realizar transacciones con ciudadanos, empresas o instituciones financieras de Estados Unidos. El Tesoro advirtió además que cualquier entidad que facilite operaciones con los sancionados podría enfrentar consecuencias similares.

John Hurley, subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro, afirmó que Estados Unidos continuará utilizando todas las herramientas a su alcance para impedir que actores vinculados al complejo militar-industrial iraní accedan al sistema financiero internacional. Según señaló, Irán mantiene un papel central en redes de producción y exportación de drones de uso militar, cuyos efectos se extienden más allá de Oriente Medio.

Washington sostiene que la proliferación de drones de diseño iraní ha incrementado los riesgos para fuerzas estadounidenses y aliadas, además de afectar la seguridad de rutas comerciales estratégicas, incluidas las que atraviesan el mar Rojo. En ese contexto, el Gobierno estadounidense acusa a Teherán de promover activamente estos sistemas y de seguir adquiriendo componentes relacionados con programas balísticos, en contravención de restricciones internacionales.

Entre los sancionados figura la Empresa Aeronáutica Nacional de Venezuela y su presidente, José Jesús Urdaneta, señalados de participar en la compra y comercialización de drones iraníes. Según el Departamento del Tesoro, la compañía habría estado involucrada en operaciones valoradas en varios millones de dólares, destinadas a fortalecer las capacidades militares del país sudamericano.

El Departamento de Estado respaldó la decisión y afirmó que la cooperación militar entre Irán y Venezuela constituye un asunto prioritario para la política exterior estadounidense. Washington considera que este tipo de alianzas contribuyen a la inestabilidad regional y refuerzan redes internacionales de transferencia de armas que desafían los esfuerzos de control y no proliferación impulsados por la comunidad internacional.