La Contraloría de Antioquia imputó cargos por presunto detrimento patrimonial al gobernador Andrés Julián Rendón por un proyecto de ciclorrutas ejecutado cuando fue alcalde de Rionegro, entre 2016 y 2019, que habría recibido millonarios desembolsos sin cumplir su finalidad.

La Contraloría General de Antioquia formuló cargos fiscales contra el actual gobernador del departamento, Andrés Julián Rendón, por presuntas irregularidades relacionadas con un proyecto de movilidad regional en el Oriente antioqueño. Los hechos investigados se remontan al periodo en el que Rendón se desempeñó como alcalde de Rionegro y están asociados a la construcción de ciclorrutas promovidas como una intervención de impacto regional.

El proyecto, impulsado por el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA), buscaba conectar varios municipios del Oriente, entre ellos Rionegro y Marinilla, mediante una red de ciclorrutas. Para su ejecución se contempló una inversión cercana a los 25.000 millones de pesos. Sin embargo, según el ente de control, las obras no habrían sido culminadas ni habrían cumplido el objeto contractual, pese a los recursos comprometidos.

En el marco de la investigación fiscal, la Contraloría analizó un contrato interadministrativo por 34.458 millones de pesos, suscrito entre la Empresa de Vivienda de Antioquia e Indeportes Antioquia. De ese convenio se habrían desembolsado 26.186 millones de pesos a las empresas Ingecon e IDC, sin que los trabajos alcanzaran una ejecución funcional, cifra que constituye la base del presunto detrimento patrimonial.

Además del gobernador Rendón, los cargos también involucran al gerente de la Empresa de Vivienda de Antioquia, Rodrigo Hernández; a exgerentes y siete exfuncionarios de Indeportes Antioquia; a una de las firmas contratistas y a una aseguradora internacional. El organismo de control señaló fallas en la planeación y en la etapa precontractual, que habrían derivado en la firma de contratos sin resultados acordes a lo proyectado.

El caso adquirió mayor alcance luego de que la Contraloría General de la República asumiera el poder preferente sobre la investigación y se compulsaran copias a la Fiscalía General de la Nación para evaluar posibles responsabilidades penales.