El aumento del salario mínimo decretado por el presidente Gustavo Petro para 2026, que lo lleva a dos millones de pesos con auxilio de transporte, abrió una fuerte confrontación política. El alza del 23,8 % desató críticas desde la oposición y respaldos del oficialismo, tras el fracaso de la concertación tripartita.
La decisión fue adoptada por decreto luego de que no se alcanzara un acuerdo entre el Gobierno, los empresarios y las centrales obreras. El Ejecutivo defendió la medida como un ajuste necesario frente al costo de vida, mientras distintos sectores cuestionaron su impacto económico.
El anuncio se produce en un escenario de desaceleración económica y a menos de un año del inicio formal del calendario electoral rumbo a 2026, lo que intensificó el debate sobre si el incremento responde a criterios técnicos o a una apuesta política del Gobierno.
Quienes critican el decreto
Las reacciones más duras provinieron de sectores de oposición. El representante Andrés Forero, del Centro Democrático, aseguró que el aumento supera incluso lo solicitado por las centrales obreras y advirtió que la decisión podría generar presiones inflacionarias, aumento del desempleo y mayor informalidad laboral.
El expresidente Iván Duque calificó el incremento como un acto de irresponsabilidad económica y sostuvo que, en un contexto de bajo crecimiento, podría llevar al cierre de empresas y a la pérdida de empleo formal.
En la misma línea, la senadora María Fernanda Cabal señaló que el alza golpeará con mayor fuerza a las pequeñas y medianas empresas.
Desde Alianza Verde, la representante Katherine Miranda comparó la medida con políticas aplicadas en Venezuela y cuestionó el rumbo económico del Ejecutivo.
Otras voces, como la del concejal Daniel Briceño, afirmaron que los efectos del decreto deberán ser asumidos por el próximo gobierno, que —según dijo— tendrá que realizar ajustes fiscales para compensar el aumento de los costos laborales.
Quienes celebran el aumento
Desde el Gobierno y las bancadas del Pacto Histórico, el decreto fue defendido como una medida orientada a mejorar el ingreso real de los trabajadores. El ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmó que el nuevo salario se acerca más al valor de la canasta familiar y lo calificó como un salario mínimo vital.
Congresistas oficialistas como Alejandro Ocampo y Gloria Flórez destacaron que el aumento permitirá fortalecer el consumo interno y mejorar las condiciones de vida de millones de hogares.
La senadora Martha Peralta Epiyú señaló que el ajuste busca garantizar que el trabajo permita una vida digna.
Las centrales obreras respaldaron la decisión. El presidente de la CUT, Fabio Arias, aseguró que el incremento representa una reivindicación histórica y sostuvo que mayores ingresos para los trabajadores pueden dinamizar la economía a través del consumo.
El decreto del salario mínimo vuelve así a profundizar la polarización sobre el modelo económico del Gobierno Petro, mientras el debate sobre sus efectos reales apenas comienza.
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