El presidente Gustavo Petro decretó un aumento del 23,7 % en el salario mínimo para 2026, que quedará en dos millones de pesos mensuales, incluido el auxilio de transporte. La decisión fue anunciada este lunes 29 de diciembre durante una alocución presidencial.

Durante su intervención, el mandatario confirmó que el nuevo salario mínimo comenzará a regir a partir del 1.º de enero de 2026 y beneficiará a millones de trabajadores que devengan el ingreso mínimo legal en el país.

Con este ajuste, el salario mínimo alcanza los $2.000.000 mensuales, una cifra que representa uno de los incrementos más altos de las últimas décadas. El aumento está muy por encima de la propuesta del sector empresarial, que había planteado un alza entre el 7 % y el 8 %, argumentando riesgos inflacionarios y afectaciones a la productividad.

Minutos antes del anuncio oficial, el presidente Petro se adelantó a las críticas a través de su cuenta en la red social X, donde aseguró que “toda la información estadística muestra que, entre más sube el salario mínimo, el desempleo baja”. Además, afirmó que su Gobierno no permitirá que el incremento salarial se traslade a los precios al consumidor y que las ganancias empresariales deberán provenir de mayores ventas y productividad.

El jefe de Estado reiteró que el aumento responde al concepto de “salario mínimo vital”, una propuesta basada en recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Según Petro, el objetivo es garantizar condiciones de vida digna para los trabajadores y sus familias, con acceso efectivo a la canasta básica, la educación, la salud y la recreación.

Este es el tercer aumento del salario mínimo que el presidente Petro decreta desde el inicio de su mandato, luego de no lograrse consensos en la mesa de concertación salarial. De acuerdo con la Ley 278 de 1996, el Gobierno tiene la facultad de fijar el incremento por decreto cuando no hay acuerdo entre las partes, con plazo máximo hasta el 30 de diciembre.

El anuncio abre ahora un nuevo debate sobre los efectos económicos y sociales del aumento, en un contexto marcado por la desaceleración económica y las tensiones entre el Ejecutivo y el sector productivo.