El Ministerio de Salud anunció que desde 2026 los estudiantes de Medicina recibirán un salario mínimo mensual y afiliación a seguridad social durante su internado, una decisión con impacto político y fiscal que marca un giro en la relación del Estado con la formación médica.

La medida, impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, beneficiará a más de 8.000 estudiantes de último año de Medicina en todo el país, quienes históricamente han realizado su internado médico obligatorio sin remuneración, pese a cumplir jornadas extensas y asumir responsabilidades directas en la atención de pacientes.

Según informó el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ejecutivo destinará más de 200.000 millones de pesos durante la vigencia de 2026 para financiar este programa. Los recursos serán girados directamente a los estudiantes, con el objetivo de garantizar condiciones mínimas de sostenimiento y reconocer el carácter asistencial de su labor.

La decisión se enmarca en la implementación de la Ley 2466 de 2025, uno de los pilares de la reforma laboral promovida por el Gobierno, que reconoce el internado médico como una etapa formativa con responsabilidades laborales y, por tanto, sujeta a derechos básicos como la remuneración y la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Desde el Ejecutivo se ha defendido la medida como una apuesta por la dignificación del trabajo en salud y una corrección de una “deuda histórica” con los estudiantes de Medicina. Funcionarios del sector han señalado que los internos cumplen un rol clave en hospitales públicos y centros asistenciales, especialmente en regiones con déficit de personal médico.

El anuncio también tiene implicaciones políticas, al consolidarse como uno de los primeros efectos concretos de la reforma laboral en el sector salud, una de las banderas del Gobierno Petro. No obstante, sectores críticos han advertido sobre el impacto fiscal de la medida y la necesidad de garantizar su sostenibilidad en el tiempo.

El Ministerio de Salud indicó que en los próximos meses se activarán los mecanismos administrativos y presupuestales necesarios para que el pago y la afiliación comiencen a aplicarse de manera efectiva a partir del próximo año.