Un juez de la República admitió para estudio la tutela presentada por Paloma Valencia y Gabriel Vallejo contra el decreto que declaró la emergencia económica y social en Colombia, aunque negó la solicitud de suspender provisionalmente la norma, que seguirá vigente mientras avanza el proceso judicial.
El Juzgado 27 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá decidió avocar conocimiento de la acción de tutela interpuesta por la senadora del Centro Democrático y precandidata presidencial Paloma Valencia, junto con Gabriel Vallejo, director de esa colectividad, contra el decreto expedido por el Gobierno Nacional que declaró el estado de emergencia económica y social.
La tutela fue dirigida contra la Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), por la presunta vulneración de derechos fundamentales. Con esta decisión, el juez dio trámite formal al proceso, que continuará su curso mientras el decreto presidencial mantiene plena vigencia.
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En el auto judicial se ordenó vincular al proceso a la Corte Constitucional y al Congreso de la República, con el propósito de garantizar el debido proceso, el derecho de contradicción y evitar eventuales nulidades en el trámite.
El despacho judicial dispuso que las entidades accionadas y vinculadas deberán pronunciarse sobre los hechos y argumentos expuestos en la tutela en un término improrrogable de 24 horas contadas a partir de la notificación de la decisión. De no hacerlo, advirtió el juez, los hechos podrían tenerse por ciertos, salvo que se considere necesaria la práctica de pruebas adicionales.
Asimismo, el juez solicitó a las entidades demandadas remitir copias de los trámites adelantados para atender las solicitudes de los accionantes y garantizar sus derechos fundamentales, con el fin de incorporar esos antecedentes al expediente.
Negada la suspensión provisional del decreto
Aunque la tutela fue admitida, el juez negó la medida provisional solicitada por Valencia y Vallejo para suspender de manera inmediata el decreto que declaró la emergencia económica. Según el auto, no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable que justificara la adopción de una medida urgente en sede de tutela.
El despacho señaló que, a partir del análisis preliminar del material aportado, no se evidenció un daño cierto, inminente y de imposible reparación posterior sobre los derechos fundamentales invocados. Por ello, concluyó que no se cumplían los requisitos constitucionales para ordenar la suspensión provisional del decreto.
Los demandantes habían argumentado que el decreto fue expedido pocos días antes del cierre del año judicial, lo que —a su juicio— permitiría la producción de efectos tributarios sin el control automático de constitucionalidad de la Corte Constitucional. Sin embargo, el juez sostuvo que las órdenes provisionales no pueden fundarse en hipótesis o eventuales consecuencias futuras.
Congreso activa control político
En paralelo al proceso judicial, el Congreso de la República interrumpió su receso legislativo para adelantar un debate de control político sobre los decretos de emergencia económica. Durante las sesiones extraordinarias, varios senadores cuestionaron la procedencia del estado de excepción y advirtieron sobre un uso reiterado de mecanismos extraordinarios por parte del Ejecutivo.
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El Gobierno, por su parte, deberá sustentar ante el Legislativo y ante los jueces los argumentos constitucionales y legales que respaldan la declaratoria de emergencia, mientras se mantiene abierto un nuevo frente de tensión institucional en torno al manejo del déficit presupuestal y el equilibrio de poderes.
