El Ministerio del Servicio Penitenciario de Venezuela confirmó la liberación de 99 ciudadanos detenidos tras las elecciones de julio de 2024. Los beneficiados abandonaron diversos centros de reclusión bajo estrictas medidas cautelares que incluyen la prohibición de salir del país, ofrecer declaraciones a la prensa o utilizar redes sociales, manteniendo sus procesos judiciales abiertos ante los tribunales.

A pesar de abandonar las celdas de centros penitenciarios como Tocorón y Las Crisálidas, los ciudadanos liberados enfrentan un régimen de libertad limitada. Según testimonios de familiares y documentos de excarcelación, las autoridades impusieron la obligación de presentarse ante los juzgados cada 30 días. Además, existe una orden expresa que les impide comunicarse entre ellos, lo que restringe su interacción social y política tras meses de reclusión.

La advertencia gubernamental ha sido interpretada por las familias como una medida de presión, bajo la premisa de que cualquier incumplimiento de estas normas podría revocar el beneficio y derivar en un retorno inmediato a prisión.

La situación fue cuestionada por figuras de la oposición, entre ellos Edmundo González, quien señaló que estas personas no gozan de una libertad plena, sino que permanecen bajo una «vigilancia y amenazas implícitas» mientras los procesos legales en su contra sigan vigentes.

Discrepancias con el oficialismo

El reporte oficial del Gobierno venezolano, que cifra en 99 los excarcelados, difiere de los registros obtenidos por organizaciones defensoras de derechos humanos. La ONG Foro Penal informó que, tras un proceso de verificación técnica, han identificado 52 casos confirmados, entre los que se encuentran hombres, mujeres y tres adolescentes. Por su parte, la organización Justicia, Encuentro y Perdón estimó que el número podría oscilar entre 63 y 75 personas, calificando la medida como insuficiente frente a los más de 1.000 detenidos que aún permanecen en custodia por motivos políticos.

Desde el sector oficial, el Ministerio del Servicio Penitenciario defendió las liberaciones como parte de una política de justicia y paz liderada por el Ejecutivo. El comunicado oficial sostiene que los beneficiados fueron «víctimas de manipulación mediática» y participaron en actos de violencia tras los comicios, pero que el Estado ha decidido evaluar caso por caso para otorgar medidas sustitutivas de libertad.

Estas excarcelaciones se producen en un clima de tensión política que persiste desde el 28 de julio de 2024, cuando Nicolás Maduro fue proclamado ganador sin la publicación de resultados desagregados por mesa electoral. Este evento desencadenó una ola de protestas y detenciones masivas bajo cargos de incitación al odio y terrorismo.

Mientras el chavismo defiende la legalidad de sus actuaciones, organismos internacionales y veedores locales insisten en la falta de transparencia del sistema judicial venezolano. El futuro legal de los liberados sigue vinculado a expedientes activos que el Estado mantiene bajo reserva.