El Consejo Nacional Electoral (CNE) fijó los topes de gastos de campaña para los candidatos presidenciales que participarán en las consultas interpartidistas previstas para el 8 de marzo de 2026. La decisión quedó consignada en la Resolución 12111 de 2025, mediante la cual el organismo electoral busca garantizar condiciones de equidad, transparencia y control en el uso de los recursos durante esta etapa previa a la elección presidencial.

De acuerdo con la resolución, el límite máximo de gasto autorizado para las consultas corresponde al 50 % del tope establecido para la primera vuelta presidencial. En términos concretos, las campañas podrán invertir hasta 18.555.251.477 pesos, cifra que equivale a la mitad del tope total fijado para la primera vuelta de 2026, que asciende a 37.110.502.954 pesos. Con esta medida, el CNE pretende evitar desequilibrios económicos entre los aspirantes y reducir el impacto de gastos excesivos en la contienda electoral.

El tribunal electoral aclaró que este tope no se asigna de manera individual a cada candidato, sino que se aplica al partido político, movimiento, coalición o grupo significativo de ciudadanos que inscriba a uno o varios precandidatos. En los casos en que una misma colectividad presente varios aspirantes, el monto autorizado deberá ser distribuido de manera conjunta y prorrateado en partes iguales entre todos los participantes de la consulta.

La resolución también establece reglas para la administración y el control de los recursos. Cada colectividad deberá designar un único gerente de campaña y manejar los fondos a través de una cuenta bancaria exclusiva para la consulta. Se permitirá la financiación privada, siempre bajo las restricciones vigentes para las campañas presidenciales, y se mantendrá el esquema de reposición estatal por votos, fijado en 8.287 pesos por cada voto válido obtenido.

En materia de exposición pública, el CNE reguló la participación de los precandidatos en medios y escenarios institucionales. Cada aspirante podrá intervenir en hasta tres debates organizados por el Canal Institucional y la radiodifusora nacional, además de contar con espacios específicos para la presentación de sus programas de gobierno y un mensaje de cierre antes de la jornada electoral. Los gastos derivados de estas actividades deberán ser asumidos por las respectivas colectividades.

La resolución incluye, además, disposiciones sobre límites en publicidad, pauta en medios y otros mecanismos de promoción electoral. Con este marco normativo, el CNE busca que las consultas interpartidistas de marzo de 2026 se desarrollen bajo criterios de competencia justa, control financiero y mayor rendición de cuentas, en un proceso que marcará el inicio formal de la carrera presidencial en Colombia.