El expresidente Álvaro Uribe volvió a cuestionar a la Corte Constitucional por aplazar el estudio del decreto de emergencia económica del Gobierno Petro y defendió la acción de tutela como vía inmediata para proteger los derechos ciudadanos durante la vacancia judicial.

La controversia se reavivó luego de que la Sala Plena de la Corte Constitucional confirmara que no iniciará el análisis del decreto de emergencia económica y social hasta que finalice la vacancia judicial, prevista para el próximo 13 de enero. Esta decisión generó fuertes críticas desde sectores de oposición, que consideran que el aplazamiento deja sin control inmediato una medida de alto impacto nacional.

Uribe ha sido uno de los principales detractores de esta determinación y reiteró que la tutela es el único mecanismo jurídico disponible para enfrentar lo que considera un posible abuso del Ejecutivo. A su juicio, la emergencia económica permitiría al Gobierno imponer nuevas cargas tributarias sin el debido control constitucional en un momento clave.

“A la protección de los derechos ciudadanos no se le puede aplicar la vacancia”, afirmó el exmandatario, subrayando que los mecanismos de defensa constitucional deben operar incluso cuando el alto tribunal se encuentra en receso. Para Uribe, el carácter excepcional del decreto exige una respuesta judicial inmediata.

El líder del Centro Democrático sostuvo que la tutela presentada por su partido, en cabeza de la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia, busca precisamente evitar que el Gobierno avance sin límites durante las semanas en las que la Corte no ha iniciado el estudio de fondo del decreto. Según explicó, se trata de una acción necesaria para impedir efectos irreversibles sobre el bolsillo de los colombianos.

En contexto: Álvaro Uribe anuncia tutela para frenar el decreto de emergencia económica del Gobierno Petro

Desde la colectividad han insistido en que la emergencia económica no cumple con los requisitos constitucionales y que su implementación podría traducirse en nuevos impuestos y medidas fiscales que afectarían directamente a la ciudadanía. En ese sentido, consideran que la tutela debe ser admitida como un recurso excepcional ante la imposibilidad de un pronunciamiento inmediato de la Corte.

La Corte Constitucional, por su parte, argumentó que no existen precedentes que justifiquen la suspensión de la vacancia judicial para abordar el estudio del decreto, postura que ha sido duramente cuestionada por sectores políticos y jurídicos que reclaman mayor celeridad en el control de este tipo de decisiones.

Mientras tanto, el debate continúa abierto y se prevé una avalancha de acciones judiciales contra la declaratoria de emergencia económica, en medio de un ambiente político marcado por la confrontación entre el Gobierno y la oposición, y por la expectativa frente a lo que pueda ocurrir una vez la Corte retome plenamente sus funciones.