La inscripción del comité ciudadano para impulsar una Asamblea Constituyente abrió un nuevo frente de confrontación política. Mientras el Gobierno defiende la iniciativa como un mecanismo de participación, líderes de la oposición advierten riesgos para la democracia y cuestionan su legalidad y propósito electoral.

La decisión del Ejecutivo de registrar ante la Registraduría el comité promotor de una Asamblea Nacional Constituyente generó una inmediata oleada de reacciones en el espectro político. Aunque el Gobierno sostiene que se trata de un camino ciudadano para destrabar reformas sociales, distintos sectores opositores aseguran que la propuesta busca modificar las reglas del juego institucional.

Desde el Centro Democrático, la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia hizo un llamado a “defender la Constitución de 1991” y advirtió que una constituyente podría poner en riesgo la estabilidad democrática. Según afirmó, estos procesos “se sabe cómo empiezan, pero no cómo terminan”, y alertó sobre posibles afectaciones a la separación de poderes y a las libertades económicas.

En la misma línea se pronunció el candidato presidencial Sergio Fajardo, quien aseguró que la iniciativa incrementa la polarización política y desvía la atención de lo que calificó como un balance negativo del actual gobierno. Para Fajardo, el debate constituyente no responde a las prioridades urgentes del país.

El abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella fue más contundente al señalar que la propuesta carece de sustento legal y que, a su juicio, el objetivo real sería perpetuarse en el poder. En sus declaraciones, calificó la iniciativa como una amenaza directa al orden constitucional vigente.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez también cuestionó el anuncio del comité promotor y lo calificó como una estrategia política con fines electorales. Según Uribe, la Constitución de 1991 ha sido un pilar democrático y no puede ser reemplazada por intereses ideológicos. Además, sugirió que la propuesta responde a una continuidad política con sectores que, según él, buscan ampliar su control institucional.

La periodista y candidata presidencial Vicky Dávila también expresó su rechazo y aseguró que hará todo lo posible, por vías democráticas, para impedir una constituyente. En su mensaje, acusó al presidente de intentar adueñarse del país y anticipó que este tema será central en la campaña electoral.

Desde el ámbito local, dirigentes del Centro Democrático insistieron en que cambiar las reglas cuando no se logran consensos es una señal de debilitamiento institucional. Coincidieron en que la discusión constitucional se perfila como uno de los ejes del debate político de cara a las elecciones de 2026.

Las reacciones dejan en evidencia que la propuesta no solo profundiza la polarización, sino que marca un nuevo escenario de disputa entre el Gobierno y la oposición, con implicaciones directas en el calendario electoral y en el debate sobre el rumbo institucional del país.