El Senado aprobó una proposición para citar a todos los ministros del Gobierno del presidente Gustavo Petro con el fin de que rindan cuentas sobre el decreto de emergencia económica. La decisión se tomó durante una sesión extraordinaria virtual realizada este viernes.
La iniciativa fue presentada por el senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, quien había solicitado desde comienzos de la semana la convocatoria urgente de una plenaria del Senado para ejercer control político sobre la declaratoria de emergencia económica expedida por el Ejecutivo. Según el congresista, este tipo de medidas excepcionales requieren un escrutinio riguroso por parte del Legislativo.
La solicitud fue formalizada mediante una carta enviada al presidente del Congreso, Lidio García, en la que Motoa advirtió que el control político no puede suspenderse durante el receso legislativo. En el documento, también subrayó la necesidad de que el país conozca la postura de los distintos partidos frente a una decisión que tiene implicaciones económicas y sociales de alto impacto.
En ese contexto, el Senado aprobó llamar a todos los ministros del gabinete para que expliquen los alcances, fundamentos y objetivos del decreto de emergencia económica, así como las medidas que el Gobierno planea adoptar al amparo de esta figura constitucional.
Durante la misma sesión, la plenaria también dio luz verde a otra proposición presentada por la senadora Aída Avella. Esta iniciativa busca citar al presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Quiroz, para que responda por presuntas irregularidades en procesos de contratación relacionados con la capacitación de testigos electorales, de cara a las elecciones de 2026.
La citación al jefe del CNE tiene como propósito esclarecer posibles fallas administrativas y garantizar la transparencia de los procesos electorales venideros. Según los proponentes, el Congreso debe anticiparse y ejercer vigilancia sobre las entidades encargadas de la organización electoral.
Con estas decisiones, el Senado reafirma su intención de mantener activo el control político tanto sobre las medidas económicas del Gobierno como sobre la preparación institucional para los próximos comicios, en un contexto marcado por la tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo.






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